Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. El Barzón de Resistencia Civil denunció prácticas financieras abusivas que afectan directamente a adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas sociales, entre ellas el embargo ilegal de la Pensión para el Bienestar, un ingreso que en muchos casos representa el único sustento de las familias.
Al presentar su agenda financiera social 2026, la organización advirtió que estas acciones se realizan aprovechando vacíos legales y la falta de supervisión efectiva del Estado, permitiendo que financieras y despachos de cobranza presionen y despojen a sectores vulnerables.
Vacíos legales y abuso sistemático
La representante legal del Barzón, Teresa Carbajal, señaló que uno de los principales problemas es que la Pensión para el Bienestar no cuenta con el carácter de inembargable en la ley, lo que ha sido utilizado por intermediarios financieros para realizar cobros y retenciones indebidas.
Estas prácticas, acusó la organización, constituyen una violación a los derechos humanos, al afectar ingresos destinados a la subsistencia básica de personas en situación de vulnerabilidad.
Sofomes y descuentos vía nómina
Otro foco de preocupación son las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que sin ser bancos cuentan con facilidades legales para aplicar descuentos directos vía nómina.
Esto, denunció el Barzón, ha atrapado a trabajadores en esquemas de deuda injustos, sin información clara ni regulación suficiente.
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La organización sostuvo que miles de familias quedan sujetas a pagos permanentes que les impiden salir del endeudamiento.
Vivienda y créditos: otro frente de riesgo
El Barzón RC también alertó sobre las cesionarias de derechos litigiosos y adjudicatarios, empresas que compran carteras vencidas a bajo costo y luego cobran montos elevados, desplazando a familias de sus viviendas.
A ello se suma el crecimiento de créditos automotrices e hipotecarios por adjudicación, que mediante publicidad engañosa operan, según la organización, como esquemas de fraude que agravan la situación económica de los usuarios.
La vía legislativa
Ante este panorama, el Barzón RC afirmó que el problema no se resolverá con discursos, sino con reformas legales. Entre sus principales exigencias está el impulso de la Ley Myrna, para proteger ingresos sociales como las pensiones, así como la regulación efectiva de Sofomes, casas de empeño y esquemas de crédito abusivos.
También demandó que el INDEP asuma su responsabilidad en los procesos derivados de la extinción de Financiera Rural y establezca rutas claras y justas para los acreditados que hoy viven en incertidumbre sobre el destino de sus tierras.
La organización sostuvo que 2026 debe ser el año de la defensa del patrimonio y la dignidad de las familias mexicanas, y llamó al Estado a cumplir con su obligación de proteger a quienes hoy enfrentan el sistema financiero en condiciones de desigualdad.
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