Redacción Sie7eDíasNoticias
COATEPEC, Ver. El presunto desfalco cometido en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) podría superar los 557 millones de pesos, según estimaciones derivadas de las investigaciones abiertas relacionadas con el uso de recursos públicos durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025.
Hasta ahora, tres exservidores públicos de la UPAV enfrentan un proceso penal en curso. Se trata de Sergio “N”, exrector; Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo, y Frida Narayana “N”, exdirectora de Educación Superior y también exjefa del Departamento de Servicios Financieros.
Los tres fueron imputados por los delitos de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.
Prisión preventiva y audiencia clave
Durante la audiencia inicial celebrada la semana pasada, el juez de control impuso prisión preventiva justificada por un año, al considerar que existe riesgo procesal si los imputados enfrentan el proceso en libertad.
Este viernes 23 de enero continua la audiencia inicial en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, donde el juez determinará si los señalados son vinculados a proceso penal.
La diligencia estaba agendada para las 9:40 horas, como parte de la causa penal derivada de las denuncias presentadas tras el cambio de rectoría en la UPAV.
Detenciones y origen del caso
Los exfuncionarios fueron detenidos en operativos simultáneos el sábado 17 de enero. Frida Narayana “N” fue capturada en la colonia Coapexpan de Xalapa; Sergio “N” fue aprehendido durante la madrugada en la capital del estado, y Víctor de Jesús “N” en el municipio de Medellín de Bravo. Los tres fueron trasladados al penal de Pacho Viejo.
El caso se originó tras el relevo anunciado en septiembre de 2025 por la gobernadora Rocío Nahle García, quien confirmó entonces la intervención directa del Gobierno del Estado en la UPAV debido a presuntas irregularidades administrativas y financieras.
Uno de los ejes de la investigación apunta al manejo de recursos públicos a través de la Asociación Educación es Primero (AEP), señalada por un presunto adeudo de 42 millones de pesos.
Sin embargo, fuentes cercanas al caso revelaron que el desfalco podría alcanzar una cifra mucho mayor, con un daño estimado en más de 557 millones de pesos, entre recursos federales y estatales presuntamente desviados o utilizados de forma irregular.
