Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. La pasada administración municipal de Mixtla de Altamirano fue señalada por presuntas irregularidades en el trámite para dar de baja vehículos oficiales, los cuales fueron autorizados para su venta como chatarra pese a estar en condiciones funcionales.
La denuncia salió a la luz luego de que el Congreso del Estado aprobara la desincorporación de varias unidades, entre ellas una camioneta Ford Raptor modelo 2023, valuada como desecho ferroso por solo 60 mil pesos.
El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, justificó que la autorización legislativa se otorgó con base en documentación y fotografías que, tras ser contrastadas, no reflejaban el estado real de las unidades.
“Las imágenes que se presentaron no corresponden con la realidad física de los vehículos”, expuso el legislador.
La diferencia entre lo reportado y las condiciones observadas encendió las alertas en el Congreso, que ya solicitó a la administración municipal actual iniciar las acciones legales correspondientes.
El Congreso no puede denunciar
Bautista Hernández aclaró que el Poder Legislativo no tiene facultades para presentar denuncias penales, al no ser la parte directamente afectada. Sin embargo, indicó que ya se orientó a la alcaldesa Celia García Rodríguez sobre el proceso legal a seguir.
“La administración entrante es la que tiene que actuar jurídicamente”, sostuvo.
Ante el caso, el Congreso local anunció la creación de una comisión especial encargada de verificar físicamente las unidades que los ayuntamientos pretendan dar de baja como chatarra. La intención es evitar fraudes o desvíos encubiertos bajo la figura de “venta de desecho ferroso”.
“Cuando un municipio solicite deshacerse de vehículos por estar inservibles, iremos a constatarlo personalmente”, advirtió Bautista.
La alcaldesa Celia García informó que, tras la intervención de la Secretaría de Gobierno, su administración ya avanza en las gestiones legales para fincar responsabilidades por lo ocurrido.
“El Congreso nos apoyó para encaminar este asunto, y ya estamos actuando en firme”, aseguró la funcionaria municipal.
