Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) emitió la Recomendación 48/2025 tras acreditar violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez.
El documento, firmado por la entonces presidenta Namiko Matzumoto Benítez, concluye que el 23 de junio de 2019, en el municipio de Perote, agentes de la Policía Estatal incurrieron en detenciones arbitrarias, allanamientos de vivienda sin orden judicial y actos de tortura física y psicológica contra al menos cuatro personas.
Los testimonios recabados por la CEDHV, junto con peritajes médicos y registros oficiales, contradicen la versión contenida en el Informe Policial Homologado, en el cual se argumentaba que las detenciones ocurrieron en flagrancia y con el hallazgo de armas y drogas. Sin embargo, los elementos recabados por el organismo revelan que las aprehensiones fueron ilegales y acompañadas de violencia institucional.
Las víctimas declararon haber sido sacadas de sus domicilios sin orden judicial, golpeadas en diversas partes del cuerpo y sometidas a métodos de asfixia simulada mediante trapos húmedos y chorros de agua en el rostro.
Una de ellas relató que fue encapuchada y golpeada con la culata de un arma, mientras otra refirió haber sido subida a una patrulla entre empujones y golpes tras ser amagada con un arma larga.
Además de las agresiones físicas, la CEDHV documentó violaciones al derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del domicilio. Al menos tres personas denunciaron que elementos de la SSP ingresaron por la fuerza a sus viviendas, rompieron cerraduras y revisaron el interior sin autorización judicial, en presencia de civiles armados.
La Recomendación establece que la Secretaría de Seguridad Pública debe investigar y sancionar a los servidores públicos involucrados, garantizar la reparación integral del daño mediante compensación a las víctimas, implementar medidas de capacitación en derechos humanos y prevención de la tortura para todo su personal, y colaborar plenamente con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura para el esclarecimiento de los hechos.
En caso de que la dependencia rechace la Recomendación, el Congreso del Estado tiene la facultad de requerir la comparecencia de su titular.
Los hechos ocurrieron durante la gestión de Hugo Gutiérrez Maldonado como secretario de Seguridad Pública.
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