Hay que tener temple para escribir el reglamento… y romperlo en público.
El 28 de abril, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz emitió la Circular No. 19, documento que establece con detalle los límites, horarios y prohibiciones para las personas funcionarias que participan en el proceso de elección de jueces y magistrados. Nada ambiguo. Nada gris.
El texto no salió de un escritorio menor. Fue promovido y justificado por la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, máxima autoridad del Poder Judicial veracruzano. Ella lo impulsó como cabeza del Consejo de la Judicatura. Ella lo firmó. Ella también es candidata en el mismo proceso que debía regular.
Cinco días después, el lunes 5 de mayo, la propia Aurelia encabezó un recorrido de campaña en Coatepec, saludó gente, posó con una tote bag rosa con su nombre y el “#YoSoy25”, y lo publicó en su Facebook. Nada que no haga cualquier aspirante… salvo por dos detalles.
Primero, el horario. Aunque la defensa previsible será que se trató de una actividad fuera de jornada, el propio acuerdo que firmó la magistrada establece que las personas juzgadoras en funciones no pueden realizar actos proselitistas mientras tengan asignadas diligencias, guardias o actividades institucionales pendientes. No se trata solo de checar entrada y salida, sino de cumplir con el principio de imparcialidad, visible incluso fuera del reloj.
Segundo, y aún más delicado: en las imágenes —subidas primero, eliminadas después— aparecen tres funcionarias activas del Poder Judicial acompañándola en su gira:
Leticia Zavaleta, asesora de Presidencia; Paulina Ochoa Lara, contralora general del PJV; y Karla Yareni Galán Sánchez, subdirectora de Recursos Humanos.
Sus nombres están en el directorio oficial del Poder Judicial. Su presencia quedó registrada en fotografías. Y su papel no fue incidental: estaban ahí como respaldo abierto a la candidata que además es su jefa directa.
Esa escena revienta cualquier defensa reglamentaria. El uso de personal subordinado en actos de campaña está expresamente prohibido por el mismo acuerdo que la magistrada promovió, y ni qué decir de la Constitución federal. No es una falta técnica. Es una violación con nombre, cargo y fotografía.
¿Y quién debía hacer que ese reglamento se cumpliera? El Consejo de la Judicatura. ¿Quién firmó la circular? El secretario de acuerdos, Víctor Luis Priego López. ¿Qué se ha dicho desde entonces? Silencio.
El doble rol de Aurelia —candidata y autoridad judicial al mismo tiempo— ya era incómodo desde el arranque. Pero la escena en Coatepec le dio forma al conflicto: no es percepción. Es evidencia.
La magistrada no solo infringe el marco que debe garantizar, también compromete a su equipo más cercano. Y al borrar las fotos donde aparecen, *solo confirmó que sabía lo que no debía ocurrir.
El reglamento fue claro. Las imágenes también. Lo que no queda claro, es si alguien hará que se cumpla.
Porque una cosa es caminar las calles con sonrisas de campaña. Y otra es usar el peso del Poder Judicial… para empujar tu propia candidatura.
