Por Fanny Yépez
El debate sobre el desafuero de alcaldes en Veracruz, y sobre quitar o delimitar el fuero constitucional al resto de los ediles (síndicos y regidores), ha cobrado gran relevancia, especialmente tras la reciente iniciativa de reforma al fuero municipal impulsada por el Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, así como por los desafueros recientes de presidentes municipales investigados por la fiscalía, los cuales se dice que están prófugos de la justicia.
De prosperar esta iniciativa —lo más seguro, porque la mayoría de los diputados son morenistas y votarán a favor—, un total de 212 síndicos, 630 regidores y 212 presidentes municipales perderían el fuero, y sin esa protección se podría ejecutar la ley en su contra.
Pros: combate a la impunidad y rendición de cuentas
El principal argumento a favor es evitar que el cargo público sea utilizado como un “escudo” para evadir la acción de la justicia. Si un edil comete un delito común (como abuso de autoridad, agresiones o delitos graves), puede ser investigado de inmediato, sin requerir un largo juicio de procedencia en el Congreso.
En casos graves, la fiscalía puede proceder de manera expedita. Casos recientes en el estado, como las investigaciones contra exalcaldes de municipios veracruzanos, evidenciaron que el proceso de desafuero puede tardar meses o entramparse políticamente antes de que la justicia actúe.
También somete a los gobernantes locales a un estándar ético y legal más estricto, sabiendo que sus actos tienen consecuencias legales inmediatas.
Contras: riesgo de uso político de la justicia
El fuero nació originalmente para proteger a los funcionarios de represalias del régimen en turno. Sin esta protección, la Fiscalía General del Estado o el partido mayoritario podrían fabricar acusaciones penales falsas o reactivar carpetas de investigación para remover o presionar a alcaldes de la oposición.
Si cualquier denuncia penal procediera de inmediato implicando la separación del cargo, la gobernabilidad de los ayuntamientos se vería afectada de forma constante.
El flujo continuo de alcaldes suplentes restaría continuidad a las políticas públicas y obras locales.
Los ediles son los funcionarios más expuestos a las presiones de grupos delictivos a nivel local. Sin una protección institucional, pueden quedar desamparados ante denuncias o demandas penales, promovidas de forma coactiva por intereses fácticos para desestabilizarlos.
El municipio libre es la base de la organización estatal. Permitir que órganos estatales (fiscalías o jueces) suspendan fácilmente a las autoridades electas por el pueblo podría vulnerar la soberanía del voto ciudadano en esa demarcación.
La propuesta de reforma del Gobierno de Veracruz
El debate actual en el estado se centra en encontrar un punto medio. La propuesta del ejecutivo estatal apunta principalmente a acotar el fuero específicamente cuando existan investigaciones por la presunta comisión de delitos flagrantes o graves, buscando un equilibrio entre no frenar la justicia penal y evitar la total desprotección política de las administraciones municipales.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
