Hace unos días, un grupo de trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) se paró frente a las cámaras a decir, sin metáforas, lo que llevaban meses diciendo por otras vías: que el director del organismo, Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, tiene un “actuar machista, misógino, prepotente” —palabras del propio secretario general del sindicato adherido a la CTM— y que trabajan sin herramientas, sin vehículos, sin lo mínimo para atender a la ciudadanía.
Pidieron su destitución a la alcaldesa Daniela Griego.
Esa nota ya circuló. Lo que no ha circulado es lo que la precede: la protesta de agosto no fue el primer aviso. Fue, apenas, el más ruidoso.
En marzo de este año, según documentos que otros medios locales han reportado con fecha y número de oficio, la entonces gerente de Recursos Financieros de CMAS, Karla Esther Castillo Coello, acudió a la Unidad de Género del organismo a denunciar acoso y persecución.
Cuatro días después recibió el oficio DG/153-A/2026: terminación de su relación laboral, firmado por el propio director al que había denunciado. Instrucción incluida: entregar bienes, documentación y accesos, sin más trámite.
Si ese despido fue —como se ha reportado— la respuesta institucional a una denuncia de acoso, entonces marzo de 2026 fue el primer momento en que alguien dentro del organismo le puso el problema encima de la mesa a quien tiene que resolverlo. No hizo falta ninguna protesta callejera para saberlo: bastaba con revisar un expediente laboral.
En esas mismas semanas, alguien presentó no una, sino dos solicitudes de acceso a la información pública —folios 950560726000080 y 950560726000081— dirigidas, en teoría, a pedir documentos.
En los hechos, son otra cosa: un texto que reclama directamente a la alcaldesa, por su nombre y su cargo, que “dé instrucciones por escrito para resolver la situación” en CMAS, que “meta en cintura” a quien haga falta, y que explique qué ha hecho su gobierno frente a lo que ahí se describe como corrupción y hostigamiento.
Nadie usa la Plataforma Nacional de Transparencia para reclamarle algo a una alcaldesa. Se usa para eso cuando ya no se confía en que el reclamo llegue por ningún otro lado. Y aun así, la respuesta oficial que le siguió —firmada por la Coordinación de Transparencia del propio Ayuntamiento el 16 de abril— fue la más burocrática posible: el derecho de acceso a la información “no garantiza un pronunciamiento sobre la justificación legal de los actos” de la administración, así que no hay respuesta de fondo. Y sobre las preguntas operativas —expedientes, memorandos, medidas de protección—, se orienta al solicitante a presentarlas directamente ante CMAS, como si el problema fuera de trámite y no de conducta.
Dicho de otro modo: le llegó el aviso por escrito, con fecha, con folio, con acuse de recibido. Y la respuesta fue una nota al pie citando un criterio de la Suprema Corte.
Un despido documentado en marzo. Un reclamo formal por escrito en marzo y abril, resuelto con tecnicismo. Una protesta pública, con nombre y cámara, en agosto. Tres canales, tres momentos, un mismo destinatario: la alcaldesa que hizo de la cercanía con la gente su carta de presentación.
No hace falta que Daniela Griego haya leído personalmente cada oficio de transparencia que entra al Ayuntamiento para que el patrón sea suyo. Para eso existe una administración: para que lo que le llega por cualquier puerta —la de un expediente laboral, la de la Plataforma Nacional de Transparencia, la de una protesta frente a las cámaras— termine, tarde o temprano, resuelto y no archivado.
Cinco meses después del primer aviso documentado, el organismo que administra el agua de una capital de más de 500 mil habitantes sigue dirigido por la misma persona señalada por acoso, por despidos sin justificación y ahora, en voz de su propio sindicato, por un trato que calificaron de machista y prepotente.
Alcaldesa: no es que no le hayan avisado. Es que decidió, cada vez, que no era su prioridad escuchar.
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