María González
XALAPA, Ver. — La gobernadora Rocío Nahle García advirtió que, si el personal actual de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) no quiere trabajar en la institución, el gobierno estatal buscará sustitutos.
La declaración fue en respuesta a la protesta que integrantes del Movimiento Estatal de Docentes y Directores de la UPAV realizaron el 6 de agosto frente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
“Aquí a nadie se le va a prohibir” manifestarse, dijo la gobernadora, y agregó que, de no querer trabajar ahí, el gobierno “va a tener que hacer una convocatoria para buscar personas que quieran ayudarnos a dar clases”.
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Nahle García afirmó también que muchos de quienes participaron en la protesta cerca de Sefiplan del jueves 6 de agosto no trabajan en la UPAV. “No son de ahí”, dijo, y señaló que, de acuerdo con un video difundido un día antes por el rector de la institución, solo “dos o tres” de los manifestantes identificados corresponden a personal de la universidad.
La gobernadora afirmó que se ha pagado a más de cinco mil maestros de la UPAV y remitió al video del rector Rodolfo Torres Velázquez como fuente de esos datos, calificándolo de “muy serio, con números y datos precisos.”
Sobre la investigación por el desvío de recursos de la institución, la mandataria estatal confirmó que continúa a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, así como una indagatoria adicional sobre la fundación que administraba las cuentas de la UPAV, sin precisar nombre. Reconoció que el proceso “se ha llevado muchos meses.”
El contrato excluye derechos laborales
En estos días, la UPAV envió un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios a docentes y directivos de nivel medio superior que colaboraron durante el primer periodo de 2026 sin contrato firmado.
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De acuerdo con el ejemplar, el documento establece expresamente que la relación no implica subordinación y que no se cumplen los artículos 8 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, los que definen la relación de trabajo y a la persona trabajadora. El contrato permite además a la UPAV darlo por terminado “en cualquier momento”, sin responsabilidad para la institución, con 15 días de aviso previo.
El abogado laboralista Juan José Llanes Gil explicó que ese tipo de contrato no reconoce a los maestros como trabajadores, lo que permitiría a la institución evadir el pago de prestaciones como aguinaldo, vacaciones y seguridad social.
La protesta del 6 de agosto ocurrió, además, dentro del plazo de regularización administrativa, financiera y contractual que la propia UPAV fijó del 29 de julio al 9 de agosto, sin prórroga, según un comunicado conjunto emitido por la institución.
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