Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — Integrantes del Movimiento Estatal de Docentes y Directores de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) bloquearon este jueves la avenida Xalapa, a la altura de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en demanda de contratos dignos, pagos puntuales y completos, transparencia y rendición de cuentas, y diálogo institucional.
Docentes y directivos de distintos municipios se sumaron a la protesta, que hasta el momento permanece en desarrollo sin que trascienda una postura oficial de Sefiplan, de la UPAV o del Gobierno del Estado.
Un pliego que va más allá del pago pendiente
De acuerdo con el material difundido por el movimiento durante la marcha, las demandas no se limitan a la exigencia de sueldos atrasados.
Se incluyen el respeto a los derechos laborales, la firma de contratos dignos y justos, pagos puntuales y completos, transparencia y rendición de cuentas, y la exigencia de diálogo institucional para alcanzar soluciones reales.
El bloqueo se registró sobre la avenida Xalapa, en el carril con dirección al centro de la ciudad, frente a las instalaciones de Sefiplan, dependencia que desde enero de este año concentra la recaudación, administración y control de los recursos de la universidad, luego de una reforma aprobada por el Congreso del Estado.
El contexto: un plazo de regularización aún vigente
La protesta de este jueves 6 de agosto ocurre dentro de la ventana que el propio Gobierno del Estado fijó para resolver la situación laboral de la UPAV.
El 29 de julio, la universidad emitió un comunicado conjunto en el que anunció un plazo de regularización administrativa, financiera y contractual del 29 de julio al 9 de agosto, sin prórroga, además de un incremento salarial del 40% para el segundo periodo de 2026.
El conflicto laboral en la UPAV se arrastra desde noviembre de 2025, cuando docentes y estudiantes protagonizaron las primeras protestas por adeudos, y ha incluido el reconocimiento de corrupción por parte de autoridades estatales, la detención de tres exfuncionarios señalados por un presunto desfalco superior a 557 millones de pesos, y al menos tres anuncios previos de pago y regularización que no han disuelto las movilizaciones.
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