Por Fanny Yépez
El combate al cártel inmobiliario en Veracruz avanza con una lentitud desquiciante. La Fiscalía General del Estado de Veracruz se ha centrado de manera individual en al menos un abogado vinculado a proceso, cinco presuntos integrantes de una banda de despojo en Coatzacoalcos y tres notarios públicos suspendidos o procesados; sin embargo, decenas de casos siguen en la impunidad y cientos de personas siguen sin poder recuperar sus propiedades que les fueron despojadas en forma ilegal.
En Xalapa, la fiscalía obtuvo la vinculación a proceso del abogado Salvador Matías «N» (quien también se ostentaba como arquitecto), acusado de fraude procesal por usar documentos falsos, para intentar despojar a mujeres de un inmueble.
En tanto, en Coatzacoalcos, han sido detenidos y puestos bajo prisión preventiva oficiosa cinco presuntos integrantes de una red de invasión y venta ilegal de lotes, en el sector Los Almendros (José Yair N, Rebeca Paulina N, Margarita N, Erika Gabriela N y Rafael N).
Notarios y fedatarios bajo la lupa
El gobierno estatal y el Registro Público han aplicado sanciones administrativas y suspensiones a tres notarios investigados en Veracruz, incluyendo casos en la zona de Córdoba y Fortín, como Ernesto N, Carlos Javier N y un ex notario detenido por delitos vinculados a la fe pública y fraude específico.
Colectivos de víctimas continúan exigiendo profundizar las investigaciones ante las decenas de denuncias acumuladas en Xalapa y Coatepec.
En Coatepec, familias y adultos mayores han denunciado públicamente la operación de un presunto cártel inmobiliario implicado en el despojo de predios, la falsificación de documentos y el fraude patrimonial.
En la colonia Casablanca, también en Xalapa, Francisco Javier Carrión Cuéllar denunció la ocupación ilegal del terreno de 18 mil metros cuadrados conocido como Deportivo San Jerónimo.
En mayo de este año, un matrimonio de adultos mayores (Obdulia Siliceo y José Luis Monge) y otra familia de la calle Rivapalacios acusaron la pérdida de predios de gran tamaño por firmas obtenidas bajo engaños.
El expediente Pozos Castro en Tuxpan
En la zona norte del estado, José Manuel Pozos Castro ha sido señalado públicamente por presuntos actos de despojo de tierras en Tuxpan, fraude inmobiliario y tráfico de influencias en el norte de Veracruz, a través de una red vinculada a familiares y operadores notariales. Las acusaciones detallan un esquema de despojo de predios, manipulación de contratos y uso de notarías públicas en la región.
Además de la presunta utilización de notarías de la región —como la Notaría 10 de Tuxpan— para concretar transacciones bajo condiciones de coacción o manipulación documental a los propietarios originales, así como el tráfico de influencias para obstaculizar trámites administrativos o bloquear la entrega legítima de títulos de propiedad.
Les decía que el mismo subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos Castro, y su hijo, son señalados públicamente por un presunto fraude y despojo de 15 hectáreas, valuadas en 8 millones de pesos en el ejido La Ceiba, en Tuxpan, afectando a una propietaria mediante supuestas irregularidades en contratos.
Las acusaciones relacionan las operaciones con la red de la asociación Juntos Más Poder, A.C. y presuntos manejos notariales irregulares. El caso ha tomado notoriedad pública en medio de señalamientos de redes de despojo y disputas políticas en el norte y centro del estado de Veracruz.
Antecedentes sin resolución
Curiosamente, siguen sin dictamen firme las querellas presentadas originalmente desde el año 2020 por agraviados de la región de Medellín de Bravo y Tuxpan, por contratos de compraventa incumplidos.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha transparentado el estado procesal de las carpetas de investigación de fraude inmobiliario en Veracruz, lo que mantiene a los denunciantes a la espera de judicialización.
Las preguntas que Ahued Bardauil y Jiménez Aguirre deben responder
Piensa mal y acertarás, reza el viejo y sabio refrán popular: será que Pozos Castro está utilizado sus influencias y cargo público para ¿evadir, torcer la ley a su favor, evadir la acción de la justicia y lograr la impunidad?
Esta interrogante la tienen que contestar tanto el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardauil, y la fiscal del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, de no proceder en contra de José Manuel Pozos Castro, se confirmaría que, efectivamente, están protegiendo al subsecretario de Gobierno.
Pero está fácil el tema, que solo aclaren qué es lo que realmente sucedió con esas operaciones, que salieron a la luz pública y que los afectados no han recibido ninguna respuesta.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
