María González
XALAPA, Ver. — La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) emitió este miércoles un comunicado conjunto en el que anuncian un nuevo plazo de regularización administrativa, financiera y contractual para docentes y directores de la institución. Es, al menos, la cuarta vez en ocho meses que la autoridad declara que el problema está en vías de resolverse.
Esto es lo que ha pasado desde noviembre.
Primeras protestas y reconocimiento de corrupción
En noviembre de 2025, docentes y estudiantes de la UPAV intensificaron las protestas y bloqueos en la avenida Lázaro Cárdenas en Xalapa para exigir el pago de adeudos.
Días después, la entonces secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa, reconoció ante el Congreso del Estado que existía corrupción en la UPAV: “Hay mucha corrupción en esa universidad. Y hay corrupción desde el momento en que los alumnos tienen que estar pagando a los directores”.
Explicó que el origen estaba en el modelo híbrido, ni público ni privado, con el que fue creada la institución hace más de dos décadas.
El fin de las asociaciones civiles y control estatal
El 3 de diciembre, la gobernadora Rocío Nahle anunció que la UPAV dejaría el modelo de asociaciones civiles para operar como institución estatal. El 12 de enero de 2026, el Congreso aprobó reformas para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) concentrara la recaudación, administración y control de los recursos de la universidad.
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Ese mismo mes, el 17 de enero, fueron detenidos tres exfuncionarios de la UPAV —el exrector Sergio “N”, el exdirector administrativo Víctor de Jesús “N” y la exdirectora de Educación Superior Frida Narayana “N”— imputados por peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.
El presunto desfalco se estimó en más de 557 millones de pesos de los ejercicios fiscales 2024 y 2025. Un juez les impuso prisión preventiva justificada por un año.
En mayo de 2026: pagos, contratos y un primer aumento del 40%
El 1 de mayo, Nahle confirmó el pago de adeudos a trabajadores de la UPAV y anunció que comenzarían a firmar contratos laborales.
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“Ellos ni siquiera tenían contratos antes. Ahora van a tener”, dijo. Diez días después, el 11 de mayo, se anunció un incremento salarial del 40% para docentes de bachillerato, licenciatura y posgrado —la hora clase en licenciatura pasó de 70 a 98 pesos—, junto con la promesa de cubrir pagos pendientes por inconsistencias documentales antes de la primera quincena de ese mes.
Nuevas protestas, negación de adeudos y el mismo aumento reciclado
El 15 de julio, el secretario de Sefiplan, Miguel Santiago Reyes, negó que existieran adeudos generalizados y atribuyó parte de las protestas a personas vinculadas con antiguas fundaciones que administraban los recursos de la universidad. Reveló que en una de esas fundaciones se identificaron alrededor de 280 millones de pesos sin trazabilidad clara, con posible relación a lavado de dinero, y confirmó que tres personas permanecían detenidas por el caso.
En el comunicado de este miércoles se reconoce que, durante años, los pagos a docentes y directores se hicieron mediante un esquema de tercerización con conceptos que no correspondían a sus funciones académicas.
Se anunció que ese esquema será sustituido por un modelo de contratación formal, y fija un plazo de regularización del 29 de julio al 9 de agosto, sin prórroga. También anuncia un incremento del 40% para el segundo periodo de 2026 — el mismo porcentaje que ya había sido autorizado el 11 de mayo pasado.
El comunicado añade que, para atender compromisos pendientes de 2025 y 2026, el Gobierno del Estado ha dispersado más de 110 millones de pesos.
