Por Fanny Yépez
La extorsión en Veracruz ocupa hoy uno de los problemas de seguridad más graves del estado: figura entre las entidades con mayor incidencia de este delito a nivel nacional, concentrándose la mayor parte de los casos en la modalidad de cobro de piso y extorsión telefónica.
Los municipios más afectados
Los municipios con mayor número de denuncias son Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba y Orizaba, entre otros.
La extorsión impera con impunidad en Veracruz debido a la fragmentación del crimen organizado, que se disputa su posición estratégica, sumado a una grave cifra negra de denuncias, cercana al 90%, por temor a represalias, y a la colusión o ineficiencia institucional de las autoridades locales frente al delito. Hablamos de los cuerpos policiacos estatales y municipales.
Durante 2025, Veracruz cerró con 730 denuncias oficiales por extorsión, siendo Xalapa la demarcación más afectada, con 119 casos, superando al puerto de Veracruz.
En Veracruz se registraron un total de 191 carpetas de investigación por el delito de extorsión durante el primer semestre de 2026. Esta cifra representa una reducción del 58% en comparación con el mismo periodo del año anterior y marca uno de los registros más bajos en la historia reciente de la entidad.
¿Por qué persiste el cobro de piso en Veracruz?
La falta de combate efectivo contra la extorsión en Veracruz se debe a una combinación de infiltración del crimen organizado en las instituciones, la complejidad del delito, que opera mayormente a través de cobro de piso en Veracruz, extorsión virtual o redes criminales complejas, y la histórica cifra negra de delitos no denunciados, por miedo a represalias.
A nivel institucional y social, los factores principales por los que este delito ha sido difícil de erradicar incluyen corrupción e infiltración. Elementos de las corporaciones locales han sido señalados o procesados por brindar protección a los criminales o por exigir ellos mismos el “cobro de piso” a comerciantes.
En el estado de Veracruz operan múltiples organizaciones delictivas que disputan el territorio. El cobro de piso es una de sus principales fuentes de financiamiento, lo que requiere estrategias de inteligencia financiera y tácticas que las policías municipales, por sí solas, no siempre pueden ejecutar.
De manera desglosada y oficial, los registros mensuales más recientes del primer semestre indican: enero, 29 carpetas de investigación; junio, 26 denuncias (el registro mensual más bajo); y, acumulado a mitad del año 2026, 191 casos.
Sin embargo, debido a la cifra negra (delitos que no se denuncian por miedo a represalias), organizaciones civiles y encuestas del INEGI estiman que el número real de casos asciende a tasas de hasta cuatro mil eventos por cada 100,000 habitantes.
Las modalidades principales incluyen el cobro de piso a comerciantes y empresarios de la zona, así como llamadas de intimidación provenientes, en gran medida, de centros penitenciarios.
La inseguridad golpea a comerciantes y productores
El cierre y crisis de carnicerías en Veracruz se debe a dos factores principales: la inseguridad en Veracruz, con ataques armados y con presuntos explosivos a cadenas comerciales como “El Jarocho”, generando cierres preventivos. Estos actos han encendido las alarmas del sector y una crisis económica por los altos costos operativos y la caída en el consumo. Solamente en este caso se perdieron 40 empleos y se dejó una estela negativa de inseguridad en la zona y la ausencia de inversiones.
El sector que se ha visto golpeado severamente por el crimen organizado y que los ha colocado en una situación de crisis son los productores ganaderos. Los extorsionadores llegan a pedir hasta 500 pesos por cabeza de ganado comercializado.
Crimen organizado y denuncias: el desafío pendiente
El arraigo y crecimiento de este delito en la entidad se explica por los siguientes factores clave: la geopolítica criminal. Al ser un corredor logístico vital, con más de 700 kilómetros de litoral y puertos estratégicos (Veracruz y Coatzacoalcos), diversas células delictivas buscan el control territorial, financiándose mediante el cobro de “derecho de piso” a negocios, transportistas y productores.
El modus operandi abarca desde llamadas telefónicas (muchas operadas desde centros penitenciarios) hasta la presencia física de grupos armados en comercios locales, generando terror en la población. Ante esta situación, preguntamos: ¿por qué las autoridades penitenciarias, tanto federales como estatales, no colocan inhibidores telefónicos que eviten este tipo de actos delincuenciales?
La desconfianza en las instituciones persiste por la falta de resultados de la Fiscalía General del Estado (FGE), en tanto que las corporaciones policiacas desalientan a las víctimas, permitiendo que los delincuentes operen sin consecuencias.
En resumen, las denuncias por extorsión en Veracruz siguen siendo mínimas frente a la magnitud real del problema, mientras la población siente que está en la indefensión y a merced del crimen organizado.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
