Por MARÍA GONZÁLEZ
XALAPA, Ver. — Diego Fernando Bonilla, integrante de la comunidad hñuhú de El Pericón, perteneciente al municipio de Texcatepec, pasó de ser testigo de un homicidio a víctima de tortura por parte de policías ministeriales, de acuerdo con la Recomendación 17/2026 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, que acreditó la privación arbitraria de su libertad y actos de tortura para obligarlo a incriminar a otra persona.
De testigo en un homicidio a víctima de tortura
Los hechos se remontan al 29 de mayo de 2023, cuando Diego Fernando Bonilla presenció un homicidio en su comunidad, en la Sierra Norte de Veracruz.
Según la documentación del caso, fue trasladado a la Fiscalía de Huayacocotla en calidad de testigo. Sin embargo, durante ese proceso habría sido sometido a actos de tortura por policías ministeriales para obligarlo a declarar que Silverio era responsable del asesinato de Adán.
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De acuerdo con el testimonio difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Diego relató que fue inmovilizado con una cobija y que le arrojaron agua por la nariz para forzarlo a firmar una declaración que no había realizado.
El caso adquiere una dimensión adicional debido a que Diego no habla español.
Señalan irregularidades durante la declaración
Durante su comparecencia ante una intérprete adscrita a la Fiscalía, Diego informó sobre los actos de tortura que había sufrido.
No obstante, según la información difundida por el Centro Prodh, esa denuncia no fue incorporada y posteriormente sus huellas fueron colocadas en hojas en blanco, las cuales habrían sido utilizadas para elaborar una declaración destinada a inculpar a otras personas por el homicidio.
La comunidad de El Pericón, integrada mayoritariamente por población indígena hñuhú, también resultó afectada por los hechos, de acuerdo con la información difundida por el Centro Prodh, organización que acompaña el caso junto con el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y Radio Huayacocotla.
CEDH acredita tortura y privación arbitraria de la libertad
Tras casi tres años de proceso y después de que la Fiscalía General de Veracruz intentara cerrar el expediente en 2025, el caso registró un avance el 16 de abril de 2026.
Ese día, la CEDH Veracruz emitió la Recomendación 17/2026 dirigida a la Fiscalía General del Estado, en la que concluyó que Diego Fernando Bonilla fue privado arbitrariamente de su libertad y sometido a tortura para obligarlo a incriminar a una persona en un delito.
La resolución también señala que los actos fueron documentados conforme al Protocolo de Estambul, mecanismo internacional utilizado para investigar y documentar casos de tortura.
Además, la Comisión determinó que la Fiscalía Especializada incumplió con su obligación de investigar los hechos denunciados.
Un caso que refleja una problemática más amplia
El caso de Diego Fernando Bonilla ocurre en un contexto en el que Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en investigaciones por tortura y el primer lugar en número de víctimas, de acuerdo con datos citados por el Centro Prodh al informar sobre la Recomendación 17/2026 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
Según la organización, las personas indígenas se encuentran entre los grupos más afectados por este tipo de violaciones a derechos humanos, mientras que la Policía Ministerial figura de manera recurrente entre las autoridades señaladas en las investigaciones por tortura.
Actualmente, el Centro Prodh, el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y Radio Huayacocotla, que han acompañado a Diego Fernando Bonilla durante el proceso, demandan el cumplimiento de la recomendación, la reapertura de la investigación por tortura y la sanción de los responsables.
