Por Fanny Yépez
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado de Veracruz registró un incremento anual del 89.1% en el número de personas desaparecidas entre enero y octubre de 2026, al pasar de 189 a 348 casos en dicho periodo; estos terribles índices colocan en evidencia la inoperancia e incapacidad de respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de su titular Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
Muy mal ha quedado Lisbeth Aurelia Jiménez con los familiares de los desaparecidos, porque no solo no les ha hecho justicia localizando a sus seres queridos, sino que las desapariciones siguen creciendo en forma desproporcionada. No ha logrado contener este flagelo que indigna a la sociedad en general. No se ha hecho nada. La situación ya los rebasó.
Colectivos de búsqueda y Fiscalía: dos versiones
El desempeño de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como fiscal general de Veracruz en materia de personas desaparecidas es objeto de un intenso debate público entre los colectivos de búsqueda y la versión institucional de la Fiscalía.
Por un lado, colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas expresan una profunda insatisfacción con los resultados de la gestión estatal, además de que diversas agrupaciones civiles denuncian que la crisis de desapariciones continúa en aumento, y señalan una falta de avances sustanciales e investigaciones efectivas en la localización de sus seres queridos.
Recientemente, el anuncio de cambios en la Coordinación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas generó preocupación y temor entre los colectivos ante posibles retrasos o retrocesos en las carpetas de investigación vigentes.
Las familias y agrupaciones de búsqueda señalan que las carpetas de investigación suelen estar detenidas, critican la falta de participación de los familiares en los nombramientos institucionales (como en la Comisión Estatal de Búsqueda) y denuncian discursos oficiales que minimizan el problema al catalogar las ausencias como “voluntarias”; estas organizaciones denuncian que persisten las omisiones y la impunidad.
Veracruz, sexto lugar nacional en desaparecidos
Con este aumento, Veracruz se ubica en el sexto lugar nacional con mayor número de personas desaparecidas en el país entre enero y octubre de 2026; los casos registrados pasaron de 189 a 348, lo que representa un incremento del 89.1% en un año.
El impacto ha afectado con mayor fuerza a mujeres, adolescentes y menores de edad, quienes en varios casos son contactados a través de redes sociales.
En cuanto a fosas clandestinas, organizaciones señalan que Veracruz concentra un alto número histórico de fosas clandestinas (con un acumulado que representa cerca del 12% del total nacional).
Hay que destacar que las regiones críticas son los municipios como Xalapa, el puerto de Veracruz, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos que concentran una parte importante de las incidencias y reportes de los colectivos.
El impacto en las familias
Las desapariciones provocan un impacto profundo y múltiple en las familias y en el tejido social.
La falta de respuestas oficiales y los retrasos en la identificación de restos humanos (agravados por una severa crisis forense) dejan a los familiares sin un duelo cerrado.
Las familias denuncian constantemente la parálisis, el estancamiento de las carpetas de investigación y la simulación por parte de las fiscalías y autoridades, lo que las orilla a organizarse en colectivos de búsqueda.
Lo peor es que los familiares que asumen las labores de búsqueda (muchas veces madres y hermanos) enfrentan intimidación, acoso, amenazas de violencia sexual, desplazamiento forzado e incluso agresiones directas.
En regiones como el norte del estado, el temor a la desaparición obliga a las familias a modificar sus rutinas, restringir horarios y limitar salidas.
Qué frena a la Fiscalía
La FGE de Veracruz no ha logrado contener ni resolver la crisis de desapariciones, debido a una combinación de factores estructurales, operativos e institucionales documentados por colectivos, organismos de derechos humanos y el Poder Judicial.
Existen miles de cuerpos sin identificar y fosas clandestinas acumuladas desde hace años (con restos hallados desde 2009 y 2010 que sufren deterioro avanzado), debido a la falta de una estructura coordinada y personal pericial suficiente.
Las Unidades Integrales de Procuración de Justicia (UIPJ) padecen escasez de fiscales y agentes investigadores, lo que provoca que las carpetas de investigación queden paralizadas o sin avances significativos.
Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han señalado omisiones y la negativa de la FGE para aplicar acciones urgentes de búsqueda y cumplir debidamente con los protocolos de investigación.
Colectivos de búsqueda y el Observatorio Universitario advierten sobre repuntes severos en los casos (incluyendo afectaciones a mujeres y menores) y señalan que los registros oficiales de la FGE y la Comisión Estatal de Búsqueda permanecen incompletos o subestimados.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
Sobre el autor
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
