El auditor Aureliano Hernández pidió en septiembre las listas de asistencia y Nahle dijo que “es de Xalapa pero no conoce Veracruz”; el informe de la Segunda Entrega de la Cuenta Pública de 2025, el primer año de gobierno de Rocío Nahle, ubica 38.97 millones de pesos en 105 trabajadores con plazas incompatibles, y la ASF consideró insuficiente la respuesta del estado en nueve resultados.
María González
XALAPA, Ver. — La gobernadora Rocío Nahle García le reclamó –en septiembre– a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que le pidiera listas de asistencia de maestros. Este viernes, la ASF dejó 48 millones 657 mil 604.14 pesos pendientes de aclarar en la nómina educativa de Veracruz.
El monto consta en el informe individual de la auditoría 2126 sobre el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), parte de la Segunda Entrega de la Cuenta Pública 2025 (el primer año completo de la administración de Nahle) que la ASF presentó ante la Cámara de Diputados.
Meses atrás, Nahle dijo del titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios: “Es de Xalapa pero no conoce Veracruz”.
La ASF revisó 98.5 por ciento de los 38 mil 611 millones 448 mil 204.71 pesos que la Federación transfirió a Veracruz por el FONE en 2025.
105 trabajadores con plazas incompatibles
El hallazgo mayor suma 38 millones 966 mil 309.05 pesos. Corresponde a pagos a 105 trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, con ubicaciones geográficas incompatibles entre sí.
La ASF había observado originalmente 85 millones 758 mil 677.42 pesos por pagos a 149 trabajadores. El estado aclaró 46 millones 792 mil 368.37 pesos durante la auditoría y persisten los 38 millones 966 mil 309.05 pesos.
Por ese monto, la ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, más las cargas financieras. Como causa raíz probable señala aspectos operativos relacionados con el control interno de los recursos.
Licencias, bajas y defunciones
La nómina federal la paga la Secretaría de Educación Pública (SEP) por cuenta y orden de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). La estatal, la propia SEV.
Por pagos durante licencias sin goce de sueldo, la ASF observa 4 millones 667 mil 425.49 pesos a 36 trabajadores de la nómina federal y 794 mil 902.57 pesos a 43 de la estatal.
Por pagos posteriores a la fecha de baja, observa 2 millones 253 mil 128.82 pesos a 87 trabajadores de la nómina estatal.
Por pagos a personas con registro de defunción en las bases de la Secretaría de Salud, observa 345 mil 946.61 pesos a dos trabajadores de la nómina federal y 302 mil 75.90 pesos a 12 de la estatal.
También observa 784 mil 460.03 pesos a cuatro trabajadores con plazas en distintas entidades federativas, y 543 mil 355.67 pesos a un trabajador que desempeñó funciones dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sin acreditar labores de educación básica y normal.
Varios montos ya descuentan lo que el estado aclaró durante la auditoría. En los pagos por licencias de la nómina federal, la ASF había observado 17 millones 696 mil 479.01 pesos y el estado aclaró 13 millones 29 mil 53.52.
Nueve resultados no atendidos
El 13 de octubre, la Contraloría General del Estado envió a la ASF documentación para atender las observaciones. La ASF concluyó que esa información no reúne suficiencia, competencia ni pertinencia para aclarar lo observado, por lo que nueve resultados quedaron como no atendidos.
Antes de concluir la auditoría, el estado reintegró 9 millones 875 mil 153.91 pesos a la Tesorería de la Federación.
Los resultados se comunican a la entidad fiscalizada, que tiene 30 días hábiles para presentar información y consideraciones. Las acciones pueden atenderse, solventarse o generar una acción superveniente.
Facturas canceladas y compras directas
De 371 mil 747 comprobantes fiscales revisados, 727, por 7 millones 829 mil 589.67 pesos, estaban cancelados y amparaban pagos a 253 trabajadores. La ASF pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) verificar a la SEV, a la que identifica como presunta infractora.
En adquisiciones, la ASF revisó seis contratos adjudicados de forma directa, por excepción a la licitación pública nacional, con base en supuestos de desastre natural, caso fortuito o fuerza mayor que no se acreditaron en el dictamen. Los contratos de televisiones de 55 pulgadas y de mesas y sillas suman 142 millones 423 mil 338.40 pesos, y diversos bienes carecían de resguardos formalizados.
La Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
