Por Fanny Yépez
A escasos tres días de que venza el término establecido para que los ayuntamientos firmen con el gobierno del estado el acuerdo para la reestructuración de la deuda municipal en Veracruz, supuestamente 189 de los 199 ayuntamientos veracruzanos han formalizado su adhesión a este programa; los demás se siguen resistiendo a adherirse a este convenio.
Los alcaldes que se resisten a firmar el esquema de reestructuración de la deuda por bursatilización en Veracruz (propuesto para que el Gobierno estatal absorba el 75% y el municipio pague el 25%) lo hacen principalmente por desconfianza en el manejo financiero estatal y temor a comprometer participaciones federales de municipios.
Algunos ediles y fracciones políticas exigen cuentas más claras a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) sobre los costos reales y el impacto patrimonial de los refinanciamientos, antes de comprometer el presupuesto municipal.
Aunque la reestructura libera recursos a largo plazo, el pago del 25% restante sigue representando un fuerte impacto para las finanzas de algunos municipios pequeños, reduciendo su margen de maniobra para obra pública e imprevistos locales.
Algunos alcaldes han optado por rechazar adherirse al programa, argumentando que ellos no generaron dicha deuda (heredada de administraciones pasadas) y buscan evitar asumir una responsabilidad fiscal que comprometa a las arcas de sus localidades.
Cómo quedan comprometidas las participaciones federales
El esquema financiero propuesto por el Gobierno de Veracruz consiste en que el estado absorba el 75 por ciento de la deuda histórica (originada en 2008), mientras que los municipios pagarán el 25 por ciento restante. El objetivo central de esta medida es liberar las participaciones federales retenidas a los ayuntamientos.
Las participaciones federales (Ramo 28) se comprometerían en un pacto de reestructuración de deuda municipal, porque sirven como garantía y fuente de pago principal. Al contraer deuda, los municipios firman convenios de afectación (como en la bursatilización en Veracruz) que otorgan a los bancos o fideicomisos el derecho legal de retener estos recursos federales directamente de Hacienda, antes de que lleguen a las arcas locales.
Al adherirse a un programa de reestructuración —como el esquema de saneamiento implementado en Veracruz, donde el gobierno estatal absorbe el 75% del pasivo— las participaciones se comprometen por lo siguiente: el pago de capital e intereses.
Para que los gobiernos estatal y federal puedan refinanciar la deuda (pagar a los tenedores originales), necesitan asegurar el flujo de efectivo a largo plazo. Esto obliga a los ayuntamientos a seguir destinando un porcentaje de sus participaciones como garantía de pago del nuevo convenio.
Los acuerdos financieros municipales suelen estar respaldados por fideicomisos irrevocables municipales; por lo tanto, las participaciones federales quedan “atadas”. Las retenciones continúan automáticamente hasta cubrir el total del adeudo reestructurado.
El Artículo 115 y la autonomía municipal
Es necesario aclarar que el Gobierno del Estado no puede obligar a los presidentes municipales a firmar acuerdos, porque es violatorio del artículo 115 constitucional municipios, ya que vulnera el principio de autonomía municipal y la figura del Municipio Libre.
El artículo 115 establece que los municipios son la base de la división territorial y organización política de los estados. Imponer un acuerdo de forma obligatoria rompe con la libertad de los ayuntamientos para gobernarse a sí mismos.
La Constitución prohíbe que exista cualquier autoridad intermedia entre el ayuntamiento y el Gobierno del Estado. Una obligación impuesta que anule la voluntad del ayuntamiento actúa como una forma de control jerárquico prohibido.
Los municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las Legislaturas de los estados y que, en todo caso, serán las suficientes para atender sus necesidades, señala el segundo inciso del Artículo 115 Constitucional.
El antecedente que todavía pesa en Veracruz
Ojalá con el tiempo no se arrepientan los ediles que se sumaron a esta reestructuración; después, que no se quejen de que sus participaciones federales se las retuvieron y que no tienen para financiar obras públicas.
Recuerdo muy bien que, cuando Javier Duarte invitó a los alcaldes a sumarse a la bursatilización de sus deudas, con el tiempo vino el arrepentimiento y la gran decepción.
Pero luego se presentaron los problemas para los ayuntamientos: la bursatilización de la deuda hipotecó los ingresos futuros de 199 municipios veracruzanos a tasas elevadas.
Los problemas principales incluyeron la retención de participaciones federales, el impago de fondos a los ayuntamientos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación y un desfalco generalizado.
Problemas clave presentados fueron que se hipotecaron los ingresos; los municipios comprometieron sus participaciones federales para acceder a liquidez inmediata, pero debido a la desaparición de la tenencia federal en 2012, el pago quedó directamente condicionado a los fondos municipales, dejándolos financieramente asfixiados.
Durante los últimos meses de la administración de Javier Duarte, la Secretaría de Finanzas dejó de transferir a las arcas municipales lo correspondiente a los fondos federales y participaciones, lo que generó severas crisis locales, quiebras y protestas de alcaldes.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
