Por Fanny Yépez
Crecen las denuncias por los abusos en los cobros de grúas en Xalapa. Esas arbitrariedades son una problemática persistente que ha generado múltiples reclamos ciudadanos y de transportistas; sin embargo, las autoridades responsables han sido omisas ante estas irregularidades.
A ver, el 9 de diciembre de 2024, una semana después de haber tomado posesión como gobernadora, Rocío Nahle estableció oficialmente que:
“Queda prohibido que policías estatales, elementos de tránsito o policías viales decomisen unidades o vehículos automotores, salvo que hayan participado en un accidente de tránsito, participado en un ilícito, o bien el conductor ande en estado de ebriedad.
- El conductor ebrio será entregado a un familiar o persona que pudiera hacerse cargo de la unidad.
- La asignación de grúas será realizada por el C4 mediante Padrón de Concesionarios, y no al libre albedrío de policías o agentes de tránsito”.
Pero, después de un año y medio, las tarifas para el traslado de los vehículos siguen siendo excesivas. Estas anomalías se han denunciado sin que nadie aplique la ley. Los cobros oscilan entre 5,000 y 20,000 pesos por servicios de arrastre y corralón, por faltas administrativas.
En casos extremos que involucran al sector transporte, las tarifas han llegado hasta los 70,000 pesos.
Las empresas señaladas por los ciudadanos y transportistas afectados son “Grúas Grumex”, “M2” y “Méndez”, por incurrir en cobros excesivos, falta de facturación, daños a las unidades y presunto robo de pertenencias.
Los transportistas acusan un sistema de colusión entre corporaciones de seguridad pública y grúas privadas, donde se “inventan” infracciones (como luces apagadas o aliento alcohólico inexistente) para remitir vehículos al corralón.
Los afectados aseguran que hay una falta de reglamento al respecto; insistieron que la ausencia de una aplicación estricta de una normatividad estatal ha permitido que las concesionarias fijen tarifas de forma arbitraria.
Hay que precisar que la autoridad responsable de la regulación, supervisión y control de la operación de grúas y servicios de arrastre en Xalapa es el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Aunque también hay que señalar que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es la encargada de establecer y cobrar las tarifas oficiales por los servicios de arrastre y corralón, buscando eliminar los cobros excesivos.
La percepción de que no existe un reglamento que norme la operación de grúas en Xalapa se debe a una histórica falta de aplicación efectiva de la ley, vacíos normativos y complicidad entre empresas privadas y autoridades, lo que ha generado abusos sistemáticos en el cobro de arrastres y corralones.
Aunque existen leyes estatales de tránsito, las empresas de grúas han operado durante años bajo una “anarquía”, regulada por la corrupción, donde las grúas privadas actúan en complicidad con la Dirección de Tránsito estatal.
Este miércoles, el presidente nacional de la Federación de Transportistas México-Americana de Carga, Pasaje y Turismo A.C. (FETRAMEX), Ángel Navarro, encabezó una conferencia de prensa en Xalapa para denunciar presuntos cobros excesivos en servicios de grúas, además de exponer la situación de inseguridad que enfrenta el sector transportista en el país.
Durante su intervención, Navarro señaló que la organización detectó un caso reciente en el que a un transportista —conocido como “hombre camión”— se le pretendía cobrar hasta 78 mil pesos por el servicio de grúa, cuando, de acuerdo con la Gaceta Oficial, el monto debería rondar los 19 mil 400 pesos.
“Para un hombre camión, tener su unidad detenida es prácticamente la quiebra. Por eso se tuvo que pagar para liberar el vehículo, pero vamos a seguir el proceso”, afirmó.
El dirigente explicó que, tras revisar la normativa estatal —incluida la Ley 1589— y compararla con reglamentos federales, detectaron inconsistencias en los cobros aplicados.
Asimismo, hizo un llamado al Gobierno del Estado para trabajar en un nuevo reglamento de grúas, que sea claro, justo y acorde a la ley federal.
También invitó a ciudadanos, usuarios y abogados a sumarse a este esfuerzo para denunciar irregularidades y evitar que estos casos queden únicamente en conciliaciones.
Es posible que la gobernadora no esté enterada de esa anómala situación, considerando la medida que dictó a su llegada al Gobierno del Estado, pero algunos de sus subalternos no han podido entender el respeto y respaldo que ella ofreció a los empresarios del transporte.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
