Redacción Sie7eDíasNoticias
COATZACOALCOS, Ver. A tres semanas del derrame de hidrocarburo en el sur de Veracruz, comunidades indígenas afectadas advirtieron que la emergencia ha escalado más allá del daño ambiental, al convertirse en una crisis que impacta la salud, el sustento económico y las condiciones laborales en la región.
Habitantes de municipios como Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan señalaron que la contaminación persiste en playas y en la laguna del Ostión, donde el arribo constante de chapopote continúa afectando la pesca y el consumo de mariscos, base de su alimentación y economía.
Denuncian abandono y falta de información
Las comunidades acusaron que, hasta ahora, no existe claridad sobre el origen del derrame ni información suficiente sobre los riesgos sanitarios asociados a la exposición a estos residuos.
Aseguraron que no se han realizado —o al menos no se han informado— estudios sobre la calidad del agua ni sobre el impacto en la fauna y flora de la zona.
Alertan por afectaciones a la salud
En medio de la contingencia, habitantes reportaron casos de diarrea, vómito y dolor abdominal, que atribuyen al consumo de productos contaminados.
También advirtieron sobre posibles efectos a largo plazo derivados de la exposición a materiales considerados cancerígenos, sin que hasta el momento exista una estrategia clara de atención médica integral.
Señalan irregularidades en labores de limpieza
En conferencia de prensa, el grupo de pescadores refirieron que trabajadores contratados para estas tareas han laborado sin equipo de protección adecuado, con jornadas extendidas y, en algunos casos, sin recibir pago.
Además, acusaron que parte de los residuos tóxicos no han sido retirados y permanecen acumulados en playas y cuerpos de agua.
Impacto económico sin respuesta general
Las comunidades indicaron que la afectación económica es generalizada, pero las indemnizaciones han sido limitadas.
Señalaron que solo pescadores de cooperativas registradas han recibido apoyos, mientras que pescadores independientes, comerciantes y prestadores de servicios turísticos continúan sin respaldo, pese a no poder realizar sus actividades.
Cuestionan manejo ambiental
Los pobladores también manifestaron preocupación por prácticas que, aseguran, podrían agravar el daño ecológico, como la posible dispersión de contaminantes hacia el fondo marino mediante el uso de químicos.
Advirtieron que esto podría afectar de forma más profunda los ecosistemas, incluidos manglares y arrecifes.
Exigen acciones y revisión de política energética
Ante este panorama, las comunidades exigieron una investigación sobre los responsables del derrame, atención médica para la población expuesta, indemnización para todos los afectados y un plan integral de restauración ambiental.
Asimismo, vincularon esta situación con un modelo energético que —señalan— ha impactado su territorio, al referirse a proyectos como el gasoducto “Puerta del Sureste”, al que previamente se habían opuesto.
El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones indígenas y de derechos humanos, que advirtieron que la emergencia sigue activa y sin una solución de fondo.
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