Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. Los Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM), creados para garantizar encuentros seguros entre madres, padres e hijas o hijos en procesos legales, no están cumpliendo su función.
Colectivos feministas denunciaron que estos espacios se han convertido en escenarios de agresiones, negligencias y violencia institucional.
Una exigencia al Poder Judicial de Veracruz
Las organizaciones Colmena Verde y Mamá, Hija e Hijo en Libertad pidieron formalmente a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández Hernández, que actualice los protocolos del Poder Judicial para hacer efectiva la Ley Vicaria.
En una reunión, señalaron que persiste una resistencia institucional a reconocer este tipo de violencia, a pesar de que ya está tipificada en la legislación veracruzana.
“Es evidente que hay una resistencia al término de violencia vicaria”, afirmó Nancy Castañeda, vocera de Colmena Verde.
CECOFAM: visitas sin protección, sin personal capacitado
Uno de los focos más críticos está en los Centros de Convivencia Familiar, donde madres que no tienen la custodia deben acudir a convivencias obligadas con sus hijas o hijos, en presencia o bajo condiciones impuestas por el agresor.
Las colectivas denunciaron:
- Agresiones físicas o verbales durante las visitas.
- Falta de protocolos de protección y atención inmediata.
- Ausencia de personal con perspectiva de género que entienda los riesgos de revictimización.
Señalaron que en muchos casos, el entorno del agresor utiliza estos espacios para continuar con el hostigamiento.
“Justicia familiar” sin garantías reales
Además, advirtieron que el sistema judicial sigue permitiendo el uso de denuncias falsas como herramienta de violencia legal, lo que entorpece los procesos y profundiza el desgaste emocional y económico de las mujeres.
Ante ello, propusieron:
- Calendarios de convivencia estrictos y controlados.
- Creación de un comité de revisión de revictimizaciones institucionales.
- Establecimiento de un registro estatal de violencia vicaria, actualmente inexistente.
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Medidas que no operan
Las activistas también cuestionaron que la tarjeta MujerEs, anunciada para facilitar el cobro de pensiones alimenticias, aún no funciona.
Y sobre el programa Veracruzana Protegida, señalaron que muchas órdenes de protección no se cumplen por falta de patrullaje por parte de la SSP.
Lo que proponen
Para enfrentar esta crisis institucional, las colectivas propusieron instalar módulos de información en las ciudades judiciales que orienten a mujeres en situaciones de violencia vicaria que no saben cómo proceder.
“No basta con que la ley exista en el papel; los juzgados deben estar listos para aplicarla sin revictimizar”, concluyeron.
