Con pánico en las venas y operadores en las terminales, el Poder Judicial de Veracruz se metió en la elección que debía democratizarlo. La estructura que debía impartir justicia fue convertida en maquinaria electoral: magistrados en campaña, directivos comprando boletos, empleados enviados a vigilar votos. Y todo, para evitar que otra candidata les arrebatara el control del tribunal.
El lunes 9 de junio, cuando el conteo favorecía a la magistrada Rosalba Hernández Hernández, el sistema de cómputo del OPLE colapsó “casualmente”. El Consejo General anunció, tarde y mal, un conteo voto por voto. Pero para entonces, el verdadero operativo ya estaba en marcha.
Y es que el miedo es mal consejero, y a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, actual presidenta del Poder Judicial y candidata a reelegirse, le dio por convertir su estructura judicial en un aparato de contención electoral disfrazado de legalidad.
Desde la Dirección de Administración, que debería gestionar presupuesto, no elecciones, se ordenó movilizar empleados a los 26 Consejos Municipales donde se realizaba el escrutinio. No para observar. Para operar. Todo en miércoles por la mañana, día y horario laboral.
Los jefes de área acompañaban personalmente a los trabajadores hasta CAXA, la Central de Autobuses de Xalapa, para asegurar que cada uno abordara su unidad hacia la sede correspondiente. Esto no es institucionalidad: es subordinación disfrazada de lealtad institucional. Es acarreo con credencial oficial.
Las pruebas no son rumores: son fotografías claras donde aparecen Diana Cruz Villegas, directora de Administración; Luis Alberto González Landero y Alfredo Humberto Meneses López, todos subordinados de la magistrada Lisbeth Jiménez, coordinando el despliegue de personal judicial como si se tratara de una elección partidista.
Y si hay fotos —advierten los cercanos al Poder Judicial—, también hay listados. Los hay de nombres. De cargos. De destinos. Todo documentado. Todo rastreable. Todo imputable.
El Poder Judicial de Veracruz cruzó la línea. No solo hay intervención: hay uso indebido de recursos públicos y manipulación estructural para torcer un resultado que ya no les favorecía. La elección que prometía legitimidad terminó oliendo a vieja escuela, a mapa electoral marcado con miedo y a desesperación institucional.
Aquí no se trata de quién gana. Se trata de quién está dispuesto a perder la vergüenza para no soltar el poder.
