Desde el oficialismo, se argumenta que la ley garantiza el derecho humano al agua, recupera la rectoría del Estado y evita su mercantilización. La oposición rechaza la propuesta.
Nahle reconoció que en el actual ejercicio se iniciaron alrededor de 300 obras de infraestructura, muchas de las cuales se encuentran en ejecución o en etapas preliminares.
La administración estatal busca ingresar directamente al fideicomiso como parte de un mecanismo de rescate financiero para los ayuntamientos, que siguen pagando una deuda que, lejos de disminuir, se ha vuelto crónica.
