La chispa que detonó el conflicto laboral fue el recorte arbitrario de su pago por antigüedad. La parte patronal se los negó y los amenazó con despidos a todos aquellos obreros que se estén quejando.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Ministerial acudieron al lugar y acordonaron la zona.
Un proveedor acusó que, pese a prestar durante siete meses el servicio de renta y mantenimiento de 14 fotocopiadoras, el pago nunca fue realizado a su empresa, aunque sí aparece registrado en documentos oficiales.
La gobernadora también reconoció que el alza en las tarifas de combis no cuenta con respaldo oficial. Indicó que pedirá una revisión técnica para determinar si existe alguna justificación.
No se realizó consulta social previa; no existen subsidios al transporte; no hay un modelo de modernización en operación; y no se han presentado garantías sobre seguridad y calidad del servicio.
El dirigente señaló que el aumento de 9 a 12 pesos es una decisión arbitraria que no se refleja en la calidad del servicio que reciben diariamente miles de ciudadanos.
