Con la resolución emitida este jueves, quedó firme el desechamiento por improcedencia del amparo y se consolidó el criterio judicial sobre la naturaleza de los actos emitidos por órganos universitarios en ejercicio de su autonomía.
La medida forma parte de un recorte más amplio del 25 por ciento en el gasto electoral y político, que incluye ajustes al INE, a los organismos públicos locales electorales, a los congresos estatales y al financiamiento de partidos.
Tras varios meses de espera, el Gobierno federal comenzará la próxima semana la distribución de enseres domésticos para familias del norte de Veracruz que resultaron afectadas.
Las organizaciones recordaron que el cumplimiento oportuno de la sentencia es una obligación internacional y un paso necesario para combatir la impunidad en casos de violencia contra mujeres indígenas.
La justificación central del gobierno federal es la reducción del gasto público al disminuir el número de legisladores, planteando que un Congreso más pequeño es más eficiente y económico de mantener.
