En el campo veracruzano avanza en silencio la plaga que compromete no solo la salud del ganado, sino la economía de cientos de comunidades rurales. Ya suman 875 casos acumulados.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, volvió a colocar a México en el mapa internacional de la violencia político-criminal. Mientras tanto, en Veracruz, el fenómeno ha cobrado al menos 28 vidas de actores políticos municipales en los diez primeros meses del gobierno de Rocío Nahle.
Su cuerpo fue arrastrado por las aguas del río Cazones desbordado, en los límites entre la colonia Morelos y Las Granjas. No fue gracias a un operativo oficial ni a una brigada especializada. Lo halló un vecino. Lo confirmó su padre.
El gobierno ha asegurado que los planes de emergencia están activados y llegando el apoyo. En redes sociales, funcionarios publican imágenes de helicópteros, despensas y militares. Pero aquí, en las calles de Poza Rica donde el agua ya bajó, solo quedó el barro… y la ausencia.
Una ciudad donde la inundación no solo cubrió calles, sino certezas. Porque si algo se esperaba —aunque fuera poco— era que el gobierno llegara. Esta vez no lo hizo a tiempo.
Se trata de diez proyectos observados por el ORFIS por haber sido ejecutados con deficiencias técnicas, pagos en exceso, permisos inexistentes o planos que no fueron más allá del papel.
El Gran Jurado lo describe como miembro y asociado de la “Joaquín LLDM Enterprise”. Está acusado de elaborar discursos y coordinar mensajes institucionales para desacreditar a las víctimas; de participar en sermones y campañas internas que generaban un ambiente hostil contra quienes denunciaban abusos.
