Los manifestantes reclaman el cumplimiento. Aseguran que el programa federal comprometió dos pagos de apoyo, pero solo recibieron uno, pese a que perdieron viviendas.
El Ejecutivo propondrá directamente a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, y el Congreso estará obligado a resolver esa propuesta en un plazo máximo de cinco días hábiles, sin requerir mayoría calificada para validar el nombramiento.
Exigen al gobierno federal y a los estados respuestas concretas frente a una larga lista de agravios: asaltos con violencia en las autopistas, cobros ilegales por parte de policías estatales y federales, extorsiones en retenes.
La gobernadora confirmó que solo “tres o cuatro” alcaldes electos han pedido medidas de seguridad, y aseguró que se han atendido.
A pregunta de reporteros sobre si el hecho de que deba intervenir personalmente en tantas decisiones no demuestra incapacidad de sus colaboradores, la mandataria respondió: “Es mi responsabilidad. Yo no puedo soltar el gobierno”.
Rosales San Román se ofreció incluso como mediadora entre ambos funcionarios, a quienes llamó a frenar los conflictos internos y asumir con seriedad la responsabilidad otorgada por la gobernadora Rocío Nahle.
Según explicó, el origen del problema está en el modelo ambiguo con el que fue creada la UPAV hace más de dos décadas, al operar bajo una figura híbrida que no la define claramente como pública ni como privada.
