Tribunal concluyó que este ejercicio no podía considerarse una práctica periodística ni una opinión personal de servidores públicos, sino un acto de comunicación oficial, por lo que estaba obligado a cumplir con principios constitucionales de veracidad, objetividad y respeto a los derechos humanos.
Los manifestantes reclamaron el pago de indemnizaciones que, a decir de los inconformes, han sido incumplidas por parte de las autoridades.
Los manifestantes explicaron que, pese a cumplir con sus labores en hospitales, la compañía para la que trabajan no ha respetado sus derechos laborales básicos, lo que calificaron como un acto de explotación.
La oficial mayor del Ayuntamiento de Chacaltianguis, Diana Ruiz Peña, fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados cuando se dirigía a sus labores.
La gobernadora insistió en que el reporte sobre el Cereso de Tuxpan se dará a conocer de manera escrita “para evitar especulaciones”.
Los estudios realizados por la Secretaría de Salud estatal confirmaron que no se trata de cólera, sino de infecciones provocadas por la bacteria E-coli.
La Fiscalía General de la República conserva la posibilidad de relanzar la acusación si presenta nuevas pruebas.
