La mandataria subrayó que debe existir transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos que se entregan a través de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEEAV).
Las inhabilitaciones registradas van desde periodos de cuatro y seis meses hasta sanciones de 5 y 10 años.
Las familias se mantienen afuera del edificio para exigir una revisión de los ajustes aplicados a los traslados y viáticos. La protesta incluyó pernocta en el inmueble ante la falta de respuesta formal.
La mandataria explicó que tampoco ha logrado arrancar el programa de “escuela para padres”, ya que los proyectos presentados no cumplen —dijo— con la profundidad requerida.
Nahle también recordó que, mientras su hermano militaba en otras fuerzas políticas, ella participaba en la izquierda y defendía a Pemex durante el periodo de reformas estructurales.
De acuerdo con Nahle García, el gobierno exige comprobación del uso del dinero y asegura que algunos colectivos están de acuerdo con este procedimiento.
Los datos forman parte de los informes diarios preliminares que integran las fiscalías estatales y que son consolidados por el Gobierno de México como parte del seguimiento a la incidencia delictiva.
