El Ejecutivo propondrá directamente a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, y el Congreso estará obligado a resolver esa propuesta en un plazo máximo de cinco días hábiles, sin requerir mayoría calificada para validar el nombramiento.
Exigen al gobierno federal y a los estados respuestas concretas frente a una larga lista de agravios: asaltos con violencia en las autopistas, cobros ilegales por parte de policías estatales y federales, extorsiones en retenes.
La gobernadora confirmó que solo “tres o cuatro” alcaldes electos han pedido medidas de seguridad, y aseguró que se han atendido.
A pregunta de reporteros sobre si el hecho de que deba intervenir personalmente en tantas decisiones no demuestra incapacidad de sus colaboradores, la mandataria respondió: “Es mi responsabilidad. Yo no puedo soltar el gobierno”.
Rosales San Román se ofreció incluso como mediadora entre ambos funcionarios, a quienes llamó a frenar los conflictos internos y asumir con seriedad la responsabilidad otorgada por la gobernadora Rocío Nahle.
