La ASF detectó además pagos por 33.2 millones de pesos en bienes y servicios cuya recepción no quedó acreditada legalmente.
La entidad aparece en el mismo bloque que Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sonora, Baja California y Michoacán. En conjunto, estas diez entidades concentran el 75.7 por ciento del saldo total de la deuda pública.
El dato se suma a un fin de semana violento en territorio veracruzano, donde entre el 13 y el 15 de febrero se documentaron 13 homicidios en distintos municipios.
Sobre eventuales acciones legales, estimó que los transportistas podrían recurrir a mecanismos jurídicos en caso de inconformidad con la tarifa, más que por la operación directa de las unidades.
La mandataria cuestionó que se otorgue protección a una persona que en México enfrenta señalamientos por fraude y corrupción. “¿Cómo es posible que le den asilo?”, expresó al referirse al caso.
