Los autobuses del sistema Ulúa y Quetzalli ya circulan, pero su compra no está documentada en los registros oficiales. Informes de Hacienda, datos de transparencia y la creación posterior de un fideicomiso revelan una ruta del dinero que no puede seguirse con claridad.
Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. El Gobierno de Veracruz puso en operación 202 autobuses en los sistemas de transporte Ulúa y Quetzalli. Las unidades —fabricadas por la empresa china Yutong— forman parte del proyecto de modernización del transporte público en las ciudades de Veracruz y Coatzacoalcos.
Pero hay un problema: en los registros contables oficiales, la compra de esos autobuses no aparece. No hay contratos, facturas ni expedientes relacionados con la adquisición de las unidades.
Las respuestas disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia tampoco registran evidencia documental de esas compras.
Hasta ahí llega lo público.
Lo que no se ha explicado —y que esta revisión documental permite identificar— es el mecanismo que habría permitido financiar esos autobuses sin dejar rastro directo en los sistemas de gasto: un fideicomiso estatal que concentra y dispersa los recursos.
El dinero: cuánto llegó y cómo se movió
El origen del financiamiento ha sido parcialmente explicado por autoridades estatales. El secretario de Finanzas, Miguel Reyes Hernández, sostuvo públicamente que la adquisición de las unidades se realizó con recursos provenientes del fondo federal de hidrocarburos y de la recaudación del derecho vehicular.
Esa declaración marca una ruta posible, pero no documenta la compra. Para seguir el rastro del dinero, se revisó el cuarto informe trimestral de 2025 —que abarca el año fiscal—de la Secretaría de Hacienda, en el apartado sobre recursos federales transferidos a las entidades.
Ahí se documenta que Veracruz recibió recursos vinculados al sector hidrocarburos a través del Ramo 23. En ese ejercicio, el estado tuvo asignaciones por más de 2 mil 300 millones de pesos dentro del programa U093, denominado Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos.
Ese dinero sí llegó. Y sí fue registrado.
El siguiente paso fue revisar cómo se ejerció. En la base de datos de Ejercicio del Gasto incluida en ese mismo informe, la Secretaría de Finanzas y Planeación aparece como instancia ejecutora.
Ahí se identifica un movimiento relevante: alrededor de 435 millones de pesos clasificados en la partida 438, correspondiente a subsidios o transferencias a entidades.
El dato es clave. No se trata de una compra directa, sino de una transferencia de recursos.
El informe permite ver cuánto dinero se recibió y cómo se movió. Lo que no muestra es en qué se convirtió ese recurso.
El vacío: sin proyectos, sin contratos
La revisión continuó en la carpeta de Destino del Gasto, también incluida en los informes federales.
Ese apartado debería mostrar los proyectos específicos financiados con los recursos transferidos. Sin embargo, no existe registro alguno relacionado con la adquisición de autobuses.
La misma ausencia se repite en los apartados de contratos.
El patrón es consistente: el dinero tiene origen y movimiento, pero no tiene una traducción visible en obra, proyecto o compra dentro de los sistemas oficiales.
No hay proyecto. No hay contrato. No hay registro de adquisición.
Un fideicomiso que aparece después
El 9 de febrero de 2026, el Gobierno de Veracruz publicó en la Gaceta Oficial el decreto para la creación de un fideicomiso público, irrevocable, de administración, inversión y pagos, destinado a la modernización del transporte.
El documento establece que este instrumento puede adquirir, arrendar o administrar autobuses, así como funcionar como mecanismo de pago de contratos vinculados al sistema.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) aparece como fideicomitente único, es decir, la instancia que concentra los recursos y los canaliza hacia ese instrumento.
Sin embargo, hay un desfase clave.
Los movimientos de recursos federales vinculados al fondo de hidrocarburos fueron registrados desde 2025, de acuerdo con el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Hacienda federal.
Es decir, el dinero ya había sido transferido y movido antes de que el fideicomiso fuera formalmente publicado.
El instrumento aparece después del movimiento de los recursos.
El desfase: dinero antes, fideicomiso después
El fideicomiso no aparece en el informe trimestral 2025 del gasto público del Gobierno de Veracruz —que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre—. Pero no porque haya sido omitido, sino porque, de acuerdo con la Gaceta Oficial, su creación fue publicada hasta el lunes 9 de febrero de 2026.
Esto introduce un elemento crítico: los recursos federales ya habían sido transferidos y ejercidos parcialmente antes de la formalización del instrumento financiero que hoy se presenta como el mecanismo para operar ese sistema.
Transparencia: lo que sí y lo que no existe
Las respuestas disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia refuerzan esta lógica.
Dependencias estatales reconocen que no cuentan con documentación sobre la compra de los autobuses. No hay expedientes administrativos que respalden la adquisición.
Al mismo tiempo, se confirma que la operación de los fideicomisos del gobierno estatal está concentrada en la Secretaría de Finanzas y Planeación.
La compra no está en las dependencias. Está en otra estructura.
Legal, pero difícil de rastrear
El uso de fideicomisos públicos es legal y forma parte de las herramientas de la administración pública.
Permiten administrar recursos, estructurar financiamientos y ejecutar proyectos.
Pero también tienen un efecto concreto: el gasto deja de registrarse como una compra directa y se desplaza a un esquema donde su seguimiento se vuelve más complejo.
La información existe, pero está fragmentada.
La historia de fondo
La discusión no es si los autobuses se compraron o no. La discusión es otra: la opacidad en la forma en que se pagaron.
La revisión documental muestra que los recursos existieron, que fueron transferidos y que se concentraron en una estructura financiera específica.
Lo que no aparece es la ruta directa entre ese dinero y la adquisición de las unidades en los registros públicos.
El caso no revela la ausencia de recursos.
Revela un cambio en la forma en que el dinero público se mueve.
Un cambio donde los recursos salen del presupuesto visible, entran a un fideicomiso… y dejan de ser rastreables como gasto directo.
Un comentario en "Autobuses Ulúa y Quetzalli: en registros oficiales la compra no aparece"