Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. En 2024 el Poder Judicial del Estado de Veracruz no adjudicó contratos mediante licitación pública. El 56 por ciento de sus contrataciones se realizó por invitación restringida y el 43.9 por ciento por adjudicación directa, de acuerdo con el Tercer Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano fiscalizador determinó que no se privilegió el procedimiento de licitación pública, como lo establece el artículo 134 de la Constitución, que obliga a las autoridades a contratar bajo principios de eficiencia, transparencia y mejores condiciones para el Estado.
La revisión corresponde al ejercicio 2024, periodo en el que el Poder Judicial era presidido por la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. La entonces titular dejó la presidencia el 30 de septiembre de 2025 y, desde el 8 de diciembre de ese mismo año, ocupa el cargo de Fiscal General del Estado, otro organismo autónomo con manejo presupuestal propio.
Recomendación formal
Derivado del hallazgo, la ASF emitió la Recomendación 2024-A-30000-19-2020-01-001, dirigida al Gobierno del Estado de Veracruz, para que implemente mecanismos que garanticen el cumplimiento del marco normativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
La recomendación busca que las contrataciones se realicen bajo esquemas que aseguren las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
La acción quedó asentada en el Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares. El Poder Judicial cuenta con un plazo de 30 días hábiles para presentar información y consideraciones que permitan acreditar el cumplimiento de la normativa.
Sin pliego por daño patrimonial
En este caso, la ASF no emitió pliego de observaciones por monto específico ni determinó daño patrimonial. La acción se encuentra en estatus de “promovida”, lo que implica seguimiento por parte del órgano fiscalizador hasta que se demuestre la implementación de mecanismos correctivos.
El señalamiento forma parte del tercer y último bloque de informes de la Cuenta Pública 2024 entregado a la Cámara de Diputados.
La revisión se centró en el modelo de contratación utilizado por el Poder Judicial durante ese ejercicio fiscal.
La determinación abre un proceso de atención administrativa, en tanto la entidad fiscalizada acredita ante la ASF los ajustes requeridos para privilegiar la licitación pública como mecanismo principal de contratación.
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