Por Fanny Yépez
El tema del “Cártel Inmobiliario” en Xalapa, Veracruz, ha cobrado relevancia mediática y política de manera intensa a partir de diciembre de 2025, cuando el gobierno estatal confirmó la existencia de una red de despojo de bienes raíces que involucra a notarios, funcionarios del Registro Público, Catastro, jueces y particulares.
Aunque el destape público y las investigaciones oficiales de alto perfil comenzaron a finales de 2025, se ha señalado que esta red operaba desde tiempo atrás, despojando a familias de sus propiedades mediante juicios exprés y sentencias cuestionables.
La red utiliza inscripciones de contratos privados sin sustento legal, complicidad en el Registro Público y Catastro, y sentencias dudosas del Poder Judicial para adjudicarse propiedades, incluso en zonas de alta plusvalía como Las Ánimas.
Fue en este mes cuando se informó sobre la revocación de una notaría vinculada a este grupo y, al mismo tiempo, se hizo un llamado a denunciar por parte de autoridades municipales y estatales ante la persistencia de las irregularidades.
Sin embargo, no hay detenciones a pesar de la confirmación de la red y las investigaciones; hacia finales de enero de 2026 se reportó que no había personas procesadas formalmente, aunque las investigaciones continuaban contra funcionarios en activo.
Este lunes por la tarde, llegó a las redacciones de varios medios de comunicación y periodistas un texto donde supuestamente se destapa a los verdaderos capos del Cártel Inmobiliario en esta ciudad capital. Se menciona a Jorge Luis Osorio López; en el vecino municipio de Coatepec se cita a Alberto Pérez Fuentes, también a Martha Leticia Toral Zayaz, notaria No. 10; a José Alberto Polito Sánchez, y del Registro Público de la Propiedad a Adolfo Álvarez. Estos personajes surgen sin que las autoridades confirmen o desmientan la veracidad de esta información.
Cabe señalar que existe la presunción de inocencia, pero ya hay severos señalamientos en su contra, que, en su caso, las autoridades judiciales tendrán que informar al respecto.
El texto señala que este cártel inmobiliario contaba con todo: un notario dispuesto a todo y listo para evadir impuestos y “revivir muertos”, el capital económico de gente con dinero e influencias, y del Registro Público, donde operaba Adolfo Álvarez.
Se maneja la existencia de un notario “ciego”, de dudosa reputación, que avaló escrituras falsas sin avisar a las autoridades financieras.
El abogado Jorge Reyes Peralta ha denunciado formalmente la apropiación ilegal de un predio de 12 hectáreas en el centro de la capital. Según la Carpeta de Investigación FIM/148/2023, el esquema operó de la siguiente manera:
Se fabricó un juicio para declarar a una persona como poseedora legítima del terreno, basándose en la ocupación de una mínima parte del predio, en donde el juez cuarto de primera instancia —ahora segundo— dio el apoyo total para que este hecho se perpetrara.
El mencionado terreno, con un valor de mercado de aproximadamente 200 millones de pesos, fue supuestamente vendido en 98 millones. Además, se inscribió una resolución sin que esta causara estado, con el apoyo de Adolfo Álvarez, quien sigue laborando en el gobierno de Veracruz.
Se señala que el notario involucrado no reportó la operación como relevante ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ni se acreditaron los pagos de impuestos correspondientes ante el SAT. Esto es: el notario 11, Miguel Ángel Díaz Pedroza, a pesar de saber que la resolución de prescripción no causaba estado, la protocolizó y mandó a inscribir, sin que existiera la declaración de que causaba estado. Y el notario 10, siempre ayudando al fraude, pues realizó la protocolización de la escritura de Zimpizagua sin pagar impuestos y facilitando el fraude.
El caso Coatepec: Inconsistencias documentales y “juicios en rebeldía”
En el municipio de Coatepec, específicamente en la zona de la calle 16 de Septiembre y el camino a Zimpizahua, se ha detectado un patrón similar bajo el expediente 873/2023/III.
Aquí, los afectados señalan las siguientes anomalías:
- Demandas contra figuras inexistentes: Se promueven juicios de cumplimiento de contrato contra supuestos herederos (como Guillermo Salvador Castro Maldonado) que no aparecen para defenderse, permitiendo que el juicio avance “en rebeldía” a favor de los demandantes.
- Se ha señalado que existe falsificación de antecedentes; se han detectado escrituras que carecen de antecedentes registrales válidos, sellos del Registro Público presuntamente apócrifos y croquis de reciente elaboración anexados a documentos de la década de los 60.
- Jurisdicción remota: Se apoyaron con notarías alejadas de la zona del conflicto (como la Notaría No. 10 en Ayahualulco), para expedir instrumentos con deficiencias en la identificación catastral.
Respuesta de las autoridades
Ante el aumento de quejas, la gobernadora Rocío Nahle y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, han tomado medidas preventivas. El gobierno estatal ha declarado una revisión exhaustiva de las notarías y de las oficinas del Registro Público y Catastro.
Hasta el momento, se ha confirmado la revocación de una patente notarial y se mantienen abiertas investigaciones penales contra funcionarios que permitieron, por acción u omisión, que incluso zonas naturales protegidas como el Cofre de Perote aparecieran con dueños particulares.
Este caso subraya la importancia de que los propietarios verifiquen constantemente el estatus registral de sus bienes y denuncien cualquier irregularidad en el cobro de prediales o notificaciones judiciales desconocidas.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
