Por Fanny Yépez
Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, que fundamentan los derechos laborales 123 y el 132, fracciones III y IV, definen como obligación que los patrones deben proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, los cuales deben ser de buena calidad y estar en buen estado.
Estos preceptos constitucionales son los que está violando el gerente de la Calera San Antonio Tenextepec, ubicada en el municipio de Perote, José Óscar Barrientos Avilés, quien se ha negado sistemáticamente a dotar a 350 trabajadores de los instrumentos de seguridad y protección. Ellos, cansados de laborar entre nubes de polvo de cal, decidieron parar sus labores para exigir lo mínimo: respeto, seguridad y cumplimiento a los pagos.
Los sufridos trabajadores argumentan que los están explotando en esta calera, donde no se respetan los derechos de los obreros, y ante ello hacen un severo llamado a las autoridades laborales, tanto federales como estatales, para que revisen las condiciones de inseguridad en las que laboran.
Los trabajadores que el martes decidieron hacer un paro de brazos caídos y demandar la participación de las autoridades laborales, también señalaron la falta de entrega del “bono de antigüedad”, pese a que este derecho está incluido en el contrato colectivo, pero la parte patronal sigue sin respetar las remuneraciones de los obreros.
La chispa que detonó el conflicto laboral fue el recorte arbitrario de su pago por antigüedad. La parte patronal se los negó y los amenazó con despidos a todos aquellos obreros que se estén quejando.
Explicaron que por décadas recibieron un día de salario por cada año trabajado (un acuerdo interno que compensaba la falta de utilidades). Este 2026, la administración de la calera, a cargo de Óscar Barrientos Avilés, decidió de forma unilateral limitar el pago a solo 10 días.
“Tengo 22 años trabajando y solo me pagaron 10; la empresa dice estar casi en quiebra, pero el movimiento de carga no para”, denuncia Antonio López, vocero del movimiento.
La situación no es solo de dinero, es de supervivencia. Los manifestantes denuncian que laboran sin el equipo de protección personal básico (EPP). En un ambiente saturado de partículas de tepezil, los trabajadores exigen filtros de respiración, gafas y guantes que la empresa les niega.
Las botas entregadas duran apenas 30 días, antes de quemarse las suelas por el material caliente donde laboran.
No existen rutas de evacuación ni escaleras de emergencia ante sismos.
El ambiente laboral se describe como tóxico. María Angelina, trabajadora con 22 años de servicio, denunció ser víctima de discriminación y vigilancia constante. “Me siguen con las cámaras a donde voy, me quitaron mi puesto sin motivo y ni siquiera me respetan las incapacidades del IMSS”, señala.
Otros trabajadores agregaron que esta situación de tomar fotos o videograbar también ocurre con sus esposas cuando acuden a dejarles el bastimento.
A pesar de que el acceso a la planta permanece abierto para no afectar a terceros, el comisariado ejidal se ha negado al diálogo, enviando abogados en lugar de dar la cara.
Los trabajadores ya consideran la creación de un sindicato para blindarse ante las amenazas de despido y el acoso sistémico.
Cabe destacar que, si un patrón en México se niega a respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo (NOMs de la STPS), se hace acreedor a diversas consecuencias legales, administrativas y económicas, basadas en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
El diputado federal Adrián González Naveda respaldó el paro de 350 trabajadores de la calera de Tenextepec y llamó a la empresa a llegar a un acuerdo.
Valoró la organización de los trabajadores y calificó sus demandas como justas y postergadas por años, destacando que la negociación colectiva se ha desarrollado dentro del marco legal y utilizando herramientas legítimas, como el paro de labores.
La Columna, escrita por Fanny Yépez Luna, es un espacio de opinión con mirada aguda y conciencia social. Desde un enfoque directo y ético, desmenuza la agenda pública con atención especial a la desigualdad, el abuso de poder y las fracturas institucionales. Su voz es firme, crítica y comprometida con los derechos humanos, siempre del lado de quienes suelen ser ignorados en el discurso oficial.
