Carlos Leonardo Ramírez Castro fue asesinado el 8 de enero en Poza Rica. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) confirmó que, entre abril y octubre de 2024, le otorgaron medidas de protección tras ser intimidado por policías municipales.
Las medidas incluyeron rondines policiacos a su domicilio, una cámara GoPro y mediación con autoridades locales.
Sí, una cámara portátil como “garantía” de vida para un periodista que cubría nota roja en uno de los municipios más violentos del país.
Tiempo después, esas medidas se suspendieron. Según la CEAPP, porque Carlos salió de Veracruz y no notificó oficialmente su regreso.
Ahí está la falla institucional:
¿Con qué criterios se evalúa el riesgo? ¿La protección depende de llenar un formulario? ¿A quién le toca rastrear el regreso de un periodista en peligro?
Carlos volvió a Poza Rica en los últimos meses de 2025. Días antes de ser asesinado, se movía para hacer su trabajo, estaba visible. ¿Nadie supo que había vuelto? ¿Nadie preguntó?
Este martes 13 de enero, la prestigiosa organización Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de Veracruz que el crimen se investigue como un delito contra la libertad de expresión. Es decir, que se considere su labor periodística como móvil principal. Que se active el Protocolo Homologado para Delitos contra la Libertad de Expresión. Que se agoten todas las líneas.
Porque con rondines y una cámara no se protege a un periodista.
Si las instituciones miran a otro lado y no esclarecen el crimen de Carlos, no solo habrá fallado el mecanismo, fallaría el Estado.
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