José Miguel Santoyo Hernández fue detenido hace 12 días por el delito de extorsión. Lo aseguraron en Puebla, pero la acusación lo persigue desde Papantla, Veracruz, donde dirigió la Policía Municipal como si fuera un feudo personal… aunque en realidad, obedecía a otro patrón.
La noticia pasó de puntillas. Sin ningún pronunciamiento. Sin ningún deslinde.
Y no es casual. Santoyo no era un jefe policiaco cualquiera. Era el operador de confianza de Eric Domínguez Vázquez, entonces alcalde de Papantla y hoy subsecretario de Finanzas en el gobierno de Rocío Nahle.
Domínguez no solo lo colocó. Lo sostuvo incluso cuando ardía. Lo defendió como “perfil profesional” mientras los policías se le iban en renuncias masivas, crecían las denuncias por abuso y se tejían versiones de colusión delictiva que nadie quiso mirar de frente.
Pero el retrato más nítido del vínculo entre ambos está en un documento judicial: el expediente TEV-PES-8/2024, del Tribunal Electoral de Veracruz.
Ahí se lee cómo la Agenta Municipal de Carrizal denunció a Santoyo por negarle sistemáticamente apoyo de seguridad. Su respuesta fue tan reveladora como brutal: “No tengo autorización del alcalde.” Esa frase lo dice todo.
Santoyo no omitía por error. Omitía por mandato. Actuaba —o se detenía— según los intereses del poder que lo sostenía. La Policía Municipal, bajo su mando, no era una institución de servicio, sino un instrumento de control político, de castigo o de omisión selectiva.
La detención de Santoyo no solo expone una posible red de corrupción, sino que confirma la forma en que la seguridad pública era administrada en Papantla.
Por eso el silencio. ¿Habrá quien le pregunte algo al subsecretario? ¿O también se necesita autorización?
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