Secretario de Finanzas de Veracruz explica nuevas reglas para controlar ejecución de obras de la SIOP en 2026

En 2026 no dejarán que SIOP se retrase en ejecución de obras en Veracruz

Redacción Sie7eDíasNoticias

XALAPA, Ver. El gobierno estatal anunció una nueva medida de control que obligará a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) a reportar mensualmente su avance presupuestal, así como a justificar cualquier atraso en la ejecución de obras públicas.

La medida fue confirmada por el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, durante la conferencia de prensa en la que recordó los cuestionamientos de diputados locales sobre posibles subejercicios en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) durante 2025,

El funcionario defendió la gestión de la SIOP y rechazó que haya habido un subejercicio tan elevado como se había sugerido.

“Se ha hablado de un subejercicio del 50 o incluso 70%. Eso no es correcto. Con obras en proceso y contratos firmados, el avance real de la SIOP es cercano al 90%”, afirmó el funcionario.

La nueva norma de planeación presupuestal 2026 exigirá a todas las dependencias —incluida la SIOP— informes mensuales de ejercicio del gasto, con detalles sobre contrataciones, ejecución de obra y cumplimiento del calendario financiero.

Además, se implementará una revisión semestral para detectar rezagos y aplicar medidas correctivas en caso de incumplimientos. Estas reglas buscan evitar la acumulación de recursos no ejercidos hacia el final del año, como ocurrió en ejercicios anteriores.

Durante la comparecencia de SIOP ante el Congreso local a finales de noviembre pasado, legisladoras y legisladores de diferentes partidos advirtieron que los retrasos en algunas obras estatales podrían reflejar una falta de capacidad de ejecución presupuestal, señalando en particular a la SIOP por la baja visibilidad de avances físicos en algunas regiones del estado.

Este día el secretario Reyes Hernández respondió que los números oficiales no avalan esas cifras, y que el margen de recursos no ejercidos no supera el 10% del presupuesto asignado a la dependencia.

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