Redacción Sie7eDíasNoticias
CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, manifestó su preocupación por la detención del periodista Rafael León Segovia en Coatzacoalcos y exhortó a las autoridades de Veracruz a respetar el debido proceso y las garantías judiciales durante el desarrollo del caso.
Seguimiento internacional al caso
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH informó que dará seguimiento a la situación legal del periodista Rafael León Segovia, detenido el pasado 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
Mediante un pronunciamiento público, el organismo internacional llamó al Estado mexicano a asegurar que el proceso penal se lleve a cabo conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, en particular tratándose de una persona dedicada a labores informativas.
La CIDH subrayó la importancia de que se respeten las garantías judiciales, incluyendo la presunción de inocencia y el acceso a una defensa adecuada.
Delitos imputados y proceso judicial
De acuerdo con información oficial, la Fiscalía General del Estado de Veracruz presentó imputación contra el comunicador por presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública, contemplados en la legislación estatal.
Tras la audiencia inicial, un juez de control determinó ampliar el plazo constitucional, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el 30 de diciembre, fecha en la que se definirá su situación jurídica.
El caso ha generado debate público debido a la gravedad de los delitos imputados y al contexto de violencia en el que se desarrolla la labor periodística en el sur del estado.
Reacciones de organizaciones civiles
Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19, expresaron su preocupación por una posible criminalización del ejercicio periodístico, al advertir que el uso del derecho penal contra comunicadores puede tener un efecto inhibidor en la labor informativa.
Estas organizaciones han insistido en que, independientemente de las investigaciones en curso, es indispensable que las autoridades actúen con estricto apego a la legalidad y sin vulnerar el derecho a informar ni el derecho de la sociedad a estar informada.
Postura del gobierno estatal
Por su parte, autoridades del gobierno de Veracruz han señalado que la detención no obedece a la actividad periodística del comunicador, sino a hechos que son investigados por la Fiscalía conforme a la ley.
La gobernadora del estado Rocío Nahle ha reiterado públicamente que en Veracruz se respeta la libertad de expresión, y que los procesos judiciales se desarrollan sin distinción de profesión o cargo, bajo el principio de igualdad ante la ley.
El pronunciamiento de la CIDH coloca el caso de Rafael León Segovia bajo observación internacional, en un contexto donde México enfrenta constantes señalamientos por la situación de seguridad de periodistas y las condiciones para el ejercicio libre de la prensa.
La resolución judicial que se emita en los próximos días será clave para definir el rumbo legal del caso y su impacto en el debate sobre libertad de expresión en Veracruz.
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