Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. La inconformidad de trabajadores del sector salud en Veracruz por el pago de su prestación de fin de año mediante vales canjeables únicamente en tiendas Chedraui abrió un debate que va más allá de lo administrativo o presupuestal. Para especialistas en materia laboral, la decisión del gobierno estatal no solo fue un error operativo, sino una posible violación a derechos laborales y humanos.
Juan José Llanes, abogado y analista en temas jurídicos, advirtió que este tipo de prestaciones forman parte del salario del trabajador, por lo que no pueden ser entregadas bajo condiciones que limiten su libre disposición.
“Quizá lo primero que habría que advertir es que ese tipo de prestaciones forman parte del salario del trabajador”, señaló, al recordar que este criterio ha sido definido desde hace tiempo por el Poder Judicial Federal.
Llanes citó la tesis IV.2o.T.101 L, con registro digital 178046, cuyo rubro establece que los bonos o vales de despensa, cuando se entregan de manera ordinaria y permanente, integran el salario conforme al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo.
Pero el problema no se limita al ámbito laboral. De acuerdo con el especialista, también se trata de un asunto de derechos humanos, ya que los trabajadores no solo tienen derecho a recibir su salario completo, sino a decidir libremente cómo, en qué y dónde gastarlo.
En ese sentido, recordó que México ratificó en 1954 el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección del salario, cuyo artículo 6 es claro:
“Se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario”.
Para Llanes, la decisión de pagar una prestación que históricamente se entregaba en efectivo mediante vales utilizables solo en una cadena comercial específica representa una restricción directa a ese derecho, al impedir que los trabajadores destinen esos recursos a necesidades básicas como el pago de servicios, renta o deudas.
El conflicto estalló cuando empleados de la Secretaría de Salud comenzaron protestas en hospitales, jurisdicciones sanitarias y espacios públicos, la tarde del jueves 18 de diciembre, al considerar que el mecanismo de pago equivalía a una imposición. Tras dos días de movilizaciones, el gobierno estatal reculó y anunció que los trabajadores podrían optar por retirar efectivo o usar los vales en mercancía, aunque para entonces el descontento ya había escalado.
Para el analista, este episodio se suma a una serie de decisiones que evidencian un problema estructural en materia de derechos laborales en Veracruz, algunas heredadas de administraciones pasadas y otras producto de políticas actuales.
Recordó, por ejemplo, que durante 2025 el gobierno estatal decidió no cubrir pasivos derivados de laudos laborales, lo que afecta el acceso efectivo a la justicia para los trabajadores. A ello se agregan intentos recientes —finalmente frenados por la movilización social— de reformar la legislación para debilitar o desaparecer sindicatos.
En ese contexto, Llanes recurrió a una comparación histórica para dimensionar la gravedad del caso: la tienda de raya, un mecanismo de control laboral previo a la Revolución Mexicana, donde los trabajadores eran obligados a gastar su salario en establecimientos determinados por el patrón.
“Veracruz se está transformando en tanto está retornando a ese momento prerevolucionario, cuando había tiendas de raya”, advirtió, al tiempo que recordó que prácticas de ese tipo detonaron conflictos sociales de gran magnitud, como la huelga de Río Blanco en 1907.
Más allá del desenlace administrativo del caso, el especialista consideró que el fondo del problema sigue intacto: decisiones gubernamentales que, bajo el argumento de eficiencia o control, terminan limitando derechos fundamentales de los trabajadores.
“El problema no es solo cómo se paga una prestación, sino la lógica autoritaria que normaliza imponer condiciones sobre el salario”, concluyó.
