Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. La secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, reconoció públicamente que en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) existe un grave problema de corrupción que ha afectado directamente a los estudiantes y la operación institucional del sistema educativo.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, en el marco de la glosa del I Informe de Gobierno, la funcionaria fue cuestionada por legisladores de oposición sobre la situación que prevalece en la UPAV. Tello respondió:
“Lo que sí les quiero decir es que hay mucha corrupción en esa universidad (la UPAV). Y hay corrupción desde el momento en que los alumnos tienen que estar pagando a los directores. Los directores recogen el dinero y van y lo depositan a cajeros o al banco o como pueden, o muchos no entregan el dinero a la asociación”.
Según explicó, el origen del problema está en el modelo ambiguo con el que fue creada la UPAV hace más de dos décadas, al operar bajo una figura híbrida que no la define claramente como pública ni como privada.
“La UPAV tiene 20 años de haberse fundado en un esquema muy extraño. No es ni privada ni pública. Cuando conviene, aparece como institución educativa; y cuando no, como una asociación civil”, señaló la titular de la SEV.
Tello Espinosa detalló que en el documento de creación de la universidad se establece que los alumnos deben dar una aportación “si es que pueden”, y que la asociación cubriría el resto en caso contrario.
Además, se contemplaba que los directores académicos serían figuras solidarias, con pagos por hora bajo un enfoque más altruista que laboral.
Sin embargo, subrayó que estas prácticas han derivado en descontrol, falta de rendición de cuentas y múltiples abusos, en particular contra los estudiantes, quienes en muchos casos no reciben comprobantes de sus pagos o desconocen el destino del dinero.
Ante este panorama, la secretaria aseguró que el gobierno estatal ya toma cartas en el asunto:
“Se acabó la corrupción. Estamos trabajando para que esto sea público y los más beneficiados sean los alumnos y las alumnas”.
Tello también informó que, como parte de los esfuerzos de regularización, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez autorizó la asignación de 57 plazas administrativas para apoyar el funcionamiento de la universidad, además de prestar un edificio oficial para su operación temporal.
Finalmente, dejó clara su postura respecto al futuro de la institución: “Debe dejar de jugarse con que si es privada o pública. Tiene que ser una universidad pública. El Estado debe asegurar el derecho a la educación para todas y todos”.
