Un recuento realizado con base en datos de la organización Data Cívica documenta asesinatos de alcaldes, exfuncionarios, candidatos y operadores municipales entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. La mayoría de los casos se concentró en al menos 20 municipios del estado, con predominancia de víctimas vinculadas a Morena.
Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. — El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, volvió a colocar a México en el mapa internacional de la violencia político-criminal. Mientras tanto, en Veracruz, el fenómeno ha cobrado al menos 28 vidas de actores políticos municipales en los diez primeros meses del gobierno de Rocío Nahle, marcando un periodo de alta letalidad en contra de autoridades locales, exfuncionarios y aspirantes a cargos de elección. La entidad figura entre las más afectadas del país, según datos de la organización Data Cívica.
Violencia letal en Veracruz: una constante municipal
Entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 —periodo correspondiente a los primeros meses del gobierno de Rocío Nahle García en Veracruz— se han registrado al menos 28 asesinatos de actores políticos municipales, de acuerdo con una revisión realizada por Sie7eDíasNoticias con base en datos de la organización Data Cívica.
En un contexto nacional marcado por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, la violencia política también es letal en Veracruz. Ambos escenarios forman parte de una tendencia de violencia político-criminal que afecta a autoridades locales, aspirantes a cargos públicos y exfuncionarios en distintas regiones del país.
En Veracruz, las víctimas incluyen a presidentes municipales, exalcaldes, regidores, directores de área, policías locales, candidatos y precandidatos, con presencia en al menos 20 municipios. Los datos disponibles señalan que las agresiones se han producido principalmente en espacios públicos y mediante el uso de armas de fuego.
De diciembre a septiembre: cronología de una violencia sostenida
De acuerdo con la base de datos de Data Cívica, el primer caso registrado en Veracruz durante el actual gobierno estatal ocurrió el 9 de diciembre de 2024, cuando Benito Aguas Atlahua, diputado federal del PVEM por el distrito de Zongolica, fue asesinado por sujetos armados mientras comía en un establecimiento.
El 19 de diciembre, Evodio Romero Pérez, ex tesorero y empleado del ayuntamiento de Tlilapan, fue atacado con más de diez disparos mientras circulaba en motocicleta, en el municipio de Rafael Delgado.
Ya en 2025, el 8 de enero, fue asesinado Manuel Andrei Gamboa Soto, ex policía estatal y director de Gobernación en Camerino Z. Mendoza, cuando circulaba en un vehículo oficial. Según los reportes, fue atacado junto a su esposa con al menos quince disparos.
El 29 de abril, en el inicio formal de las campañas municipales, fue ultimado Germán Anuar Valencia, candidato de Morena a la presidencia municipal de Coxquihui. Días después, el 11 de mayo, la candidata del mismo partido en Texistepec, Yesenia Lara Guevara, fue atacada durante actividades proselitistas.
El 13 de mayo fueron asesinados Esteban Alfonseca Salazar y Edmundo Martínez Pérez, exalcalde y exregidor del municipio de Actopan, respectivamente. Ambos fueron emboscados mientras circulaban en carretera.
Entre junio y julio se documentaron más casos en municipios como Córdoba, Gutiérrez Zamora, Papantla y Tuxpan, incluyendo el asesinato de Antonio Huesca Figueroa, director del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan, ocurrido el 17 de junio, y el de un custodio del mismo penal, ejecutado el 3 de septiembre.
El más reciente caso del periodo analizado ocurrió el 17 de septiembre, cuando fue asesinado Ignacio Pablo, exalcalde y excandidato del PT en Santiago Sochiapan, mientras se encontraba en su rancho.
Actores locales, blancos principales
Del total de víctimas registradas en el periodo analizado, 17 tenían vínculos confirmados con el partido Morena, ya fuera como funcionarios en activo, exfuncionarios o aspirantes a cargos municipales.
Le siguen casos relacionados con el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN). En al menos cuatro casos, no se identificó filiación partidista.
Por tipo de cargo, los perfiles más comunes entre las víctimas son:
- Funcionarios municipales activos, como directores de área, policías o coordinadores (11 casos)
- Exfuncionarios municipales, incluyendo exalcaldes, exregidores o extrabajadores de seguridad pública (7 casos)
- Candidatos o precandidatos a presidencias municipales (6 casos)
- Militantes u operadores de campaña (2 casos)
- Funcionarios estatales de seguridad (2 casos)
La mayoría de los asesinatos se produjeron en espacios públicos y mediante el uso de armas de fuego, en ataques directos o emboscadas. Algunos ocurrieron mientras las víctimas se encontraban en funciones; otros, durante traslados, en actividades políticas o incluso fuera de servicio.
Los eventos se concentraron en al menos 20 municipios veracruzanos. Entre los que registraron más de un caso están: Coxquihui (2), Actopan (2), Oluta (2), Tuxpan (3) y Córdoba (2).
En conjunto, los datos reflejan una afectación transversal a estructuras políticas municipales, independientemente del partido, con predominancia de víctimas vinculadas a Morena y a gobiernos locales en funciones.
Contexto estatal y respuesta institucional
El registro de estos 28 asesinatos ocurre durante los primeros diez meses de gestión de la gobernadora Rocío Nahle García, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2024.
En distintos momentos, autoridades estatales han informado sobre investigaciones en curso o detenciones relacionadas con hechos de alto impacto.
En el ámbito de seguridad pública, el gobierno estatal mantiene una estrategia conjunta con fuerzas federales, principalmente a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
El estado de Veracruz ha sido señalado en informes de organizaciones civiles, como Data Cívica, entre las entidades con mayor incidencia de violencia político-criminal, junto con Guerrero, Guanajuato y Oaxaca. Estos reportes coinciden con el contexto nacional en el que se han registrado agresiones contra figuras políticas locales, como el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
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