Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. En mayo pasado, con voz cortante y mirada fija, la entonces magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, interrumpía a una periodista para defender lo que consideraba uno de los logros de su administración: la Ciudad Judicial de Poza Rica.
—“A ver, a ver… ¿usted ya fue? ¿Sí la conoce? ¿Ya entró?” —replicó, visiblemente molesta, ante los cuestionamientos sobre las condiciones del nuevo complejo.
La escena ocurrió en plena gira institucional, mientras abogados litigantes denunciaban públicamente que el edificio recién inaugurado —con más de 40 millones de pesos invertidos hasta ese momento— no era funcional, ni digno. Sin embargo, Jiménez Aguirre, en campaña institucional y política, insistía: la obra era necesaria, útil y estaba en marcha.
Hoy, seis meses después y con la magistrada fuera del cargo de presidenta del Poder Judicial de Veracruz desde el 30 de septiembre, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) ha emitido una observación administrativa directa al proyecto.
El documento, contenido en el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2024, exhibe irregularidades contractuales, documentales, de planeación ambiental y físicas en la segunda etapa de la Ciudad Judicial.
Una obra con nombre, pero sin número
Bajo el contrato COPAD/PJE/CJ/FASP/001/2024, y con una adjudicación directa, se comprometieron $19,999,729.70 pesos, de los cuales se pagaron $14.8 millones en 2024. El proyecto incluyó trabajos como acabados interiores, instalación de redes, aire acondicionado, un elevador, alumbrado exterior, casetas, vialidades y jardines.
Sin embargo, la observación TP-002/2024/001 ADM del ORFIS apunta que la obra carece de dictamen de excepción a licitación, presenta cláusulas contractuales fuera de norma, una bitácora incompleta, ausencia de facturas de retenciones por atraso, falta de pruebas técnicas de materiales, y planos sin firmas oficiales.
De lo ecológico a lo irregular
Uno de los puntos más delicados es el incumplimiento ambiental.
Aunque el Poder Judicial presentó una prórroga de 12 meses al resolutivo de impacto ambiental —emitido originalmente en 2022—, no entregó los reportes de seguimiento requeridos por la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).
La consecuencia: no hay certeza de que la obra preserve el equilibrio ecológico, como lo exige la normativa estatal.
Aún más contundente fue la revisión física realizada el 16 de junio de 2025 por el propio ORFIS. La obra, ya en funcionamiento, fue clasificada como “ejecutada de forma irregular” debido a que operaba pese a tener condiciones pendientes en materia de impacto ambiental.
De la defensa institucional a la observación oficial
La primera etapa de la Ciudad Judicial ya funciona con tres juzgados operando, mientras que la segunda —la más ambiciosa y costosa— sigue en ejecución.
En abril, abogados y abogadas de la región protestaron por hacinamiento, falta de mobiliario, sin espacios adecuados ni estacionamiento.
La defensa de la entonces magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez fue férrea, incluso ríspida.
Hoy, el informe técnico del órgano auditor del estado cuestiona con documentos lo que ella blindó con declaraciones.
La obra no solo enfrenta el juicio de los abogados, ni de los medios: ahora también responde ante la fiscalización.
