Redacción Sie7eDíasNoticias
XALAPA, Ver. El combustible fue el pretexto, pero la pista lleva a una de las irregularidades más graves en la Cuenta Pública 2024 del Gobierno de Veracruz: un presunto daño patrimonial por 3 millones 594 mil 39 pesos cometido desde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), bajo la gestión de Guillermo Fernández Sánchez, hoy titular de la Oficina de Representación de la SEDATU en Veracruz.
La historia, documentada en el informe del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), revela cómo una operación contable relacionada con la adquisición de combustible a través de tarjetas de carga fue registrada en la contabilidad oficial pero sin los comprobantes fiscales válidos que exige la ley.
El expediente no deja lugar a dudas: el gasto fue cargado a la Póliza de Egreso número 1459237, con fecha del 25 de marzo de 2024, y representó un pago total de $4,251,669.50 supuestamente destinado a abastecer el parque vehicular de la Secretaría.
El CFDI presentado como respaldo correspondía a Efectivale, S. de R.L. de C.V., proveedor autorizado, pero al verificar el folio fiscal ante el SAT se descubrió que el comprobante solo amparaba $14,744.50, relacionados con un cargo administrativo. Nada más.
La mayor parte del dinero —$4,236,925.00— simplemente no estaba respaldada por ningún CFDI válido. El equipo auditor tomó una muestra dentro de ese monto y encontró sin justificar $3,594,039.00, que hoy constituye el presunto daño patrimonial.
Lo que ocurrió a continuación fue un intento institucional por “solventar” la observación: la dependencia envió documentación adicional al ORFIS para justificar la operación. No funcionó. El ente fiscalizador consideró que la explicación era insuficiente, deficiente y sin sustento legal.
Y entonces comenzaron a surgir las preguntas inevitables. ¿Cómo fue posible que una erogación superior a los cuatro millones de pesos se procesara sin que existiera la evidencia fiscal obligatoria? ¿En qué momento el sistema contable permitió validar una operación que carecía de los comprobantes electrónicos exigidos por ley? ¿Quién autorizó el pago y estampó su firma en la póliza que le dio curso al desembolso?
Y, quizá lo más preocupante: si la adquisición del combustible realmente se concretó, ¿por qué no se logró solventar la observación presentada por el órgano fiscalizador?
Las respuestas se diluyen en las oficinas que Guillermo Fernández dejó atrás para continuar su carrera política en la administración federal. El funcionario, cercano al ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, asumió el 1 de mayo de 2025 la representación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Veracruz.
Más allá del monto, la observación preocupa por la mecánica empleada para mover el recurso: una póliza firmada, un pago ejecutado, un CFDI incompleto y un intento fallido por cerrar el expediente. Es decir: una posible simulación en el gasto público.
El caso fue clasificado bajo el folio FP-021/2024/006 DAÑ, y el ORFIS no solo documentó el incumplimiento fiscal, sino que sustentó su dictamen en una serie de disposiciones legales que fueron claramente transgredidas.
Entre ellas, destacan los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, que establecen los requisitos y validez de los comprobantes fiscales digitales; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que rige el registro y control del gasto público; el Código Financiero del Estado de Veracruz, que establece las obligaciones fiscales a nivel estatal; y las Reglas Técnicas de Auditoría Pública aplicables específicamente a la Cuenta Pública 2024.
La irregularidad, por tanto, no fue menor ni ambigua: se trató de una cadena de omisiones y violaciones normativas con consecuencias patrimoniales directas.
Mientras el expediente avanza hacia posibles responsabilidades administrativas, la pregunta que queda es si el nuevo encargo de Guillermo Fernández se verá afectado por esta observación.
