“La gente queremos vivir en paz. En paz. Somos gente de trabajo.”
Con esa frase, cargada de intención y solemnidad, la gobernadora morenista Rocío Nahle anunció el jueves 25 de septiembre en Coyutla lo que parecía una buena noticia: la instalación de un regimiento de la Guardia Nacional y un destacamento de la Secretaría de Seguridad Pública en ese municipio de la Sierra del Totonacapan.
Pero la paz no se decreta. Ni se construye de la mano de quien la ha quebrado tantas veces.
El terreno para esas instalaciones —según la propia gobernadora— fue donado por el alcalde Benito Picazo Pérez, hermano de Basilio Picazo, prófugo de la justicia, señalado como generador de violencia regional y presunto autor intelectual del asesinato de la periodista María Elena Ferral, ocurrido en marzo de 2020 a manos de pistoleros. Un crimen atroz, impune y emblemático.
Esa sola relación familiar debería bastar para poner las alertas al máximo. Pero hay más.
La esposa del prófugo Basilio, Dolores Gutiérrez Saavedra, es nada menos que suplente de la diputada local morenista Miriam García Guzmán, quien a su vez es esposa de Eric Domínguez Vázquez, actual subsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Nahle.
¿Y quién creen que es uno de los grandes operadores políticos de confianza de la gobernadora? Exacto.
Eric Domínguez no solo está adentro, está en el corazón del aparato gubernamental, moviendo piezas que huelen más a contubernio que a coordinación interinstitucional.
El anuncio de Nahle en Coyutla no solo fue imprudente: fue revelador. Coloca al gobierno estatal —quizá sin intención— como parte de un entramado que cruza estructuras políticas, lazos familiares y expedientes criminales aún abiertos.
Y si hay algo que sabe Coyutla es que nada está olvidado.
¿De verdad cree la gobernadora que “vivir en paz” es posible aliarse —aunque sea indirectamente— con la familia del presunto autor intelectual de un feminicidio político?
¿Cómo se puede hablar de combatir la delincuencia cuando se le permite ofrecer terrenos, presencia pública y hasta reconocimiento institucional?
Este episodio no es menor. Porque al otro lado del tablero sigue vivo —aunque preso— el grupo antagónico: “Los Pelones”, encabezado por Reveriano Pérez, con fuerte influencia en el Totonacapan. El reacomodo de fuerzas ya está en marcha, y el gobierno estatal parece estar empujando el péndulo hacia un lado sin medir las consecuencias.
Eric Domínguez, en su papel de facilitador silencioso, le está costando caro a Rocío Nahle. Y todavía no empieza el verdadero fuego cruzado.
