Secretario Ahued canaliza violencia laboral solo a terapia; residente exige destitución de jefa del CAE

Redacción Sie7eDíasNoticias

XALAPA, Ver. La doctora residente Guadalupe López Martínez denunció que, pese a que un juez determinó la culpabilidad de la jefa del servicio de Cirugía Maxilofacial del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, Zeyda María Oliman Hoyos, por el delito de violencia laboral, las autoridades estatales únicamente la canalizaron al Instituto Veracruzano de las Mujeres, donde lo único que recibió fue atención psicológica.

En conferencia, la médica acusó que el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, se limitó a turnar su caso a dicha dependencia, la cual no se pronunció sobre la violencia laboral ejercida ni planteó medidas para evitar su continuidad.

“El juez determinó que ella es culpable, pero yo sigo desprotegida. Me ofrecen psicólogos, cuando lo que necesito es que la agresora deje de estar en un puesto donde aún tiene poder sobre mi formación profesional”, reprochó.

El fallo judicial del pasado 18 de septiembre de 2025 estableció una sanción económica superior a 10 mil pesos contra Oliman Hoyos, sin embargo, la doctora López enfatizó que la sentencia no ha implicado la separación del cargo, por lo que —al reincorporarse a su sede en octubre— volverá a quedar subordinada a la misma persona que ha sido declarada responsable de violencia laboral agravada.

Por ello, dirigió un llamado al secretario de Salud Federal, David Kershenobich Stalnikowitz; al secretario de Salud estatal, Valentín Herrera Alarcón; y al director del CAE, Rafael Norberto Hernández Gómez, para que la médica sancionada sea removida de inmediato.

Asimismo, pidió a la gobernadora Rocío Nahle García atender de manera directa el caso: “Conocen la situación, pero la han minimizado. Lo que yo exijo es justicia, no dinero. No se trata solo de reparar el daño, se trata de evitar que se repita”, advirtió.

La residente alertó que, al permanecer en funciones una persona declarada culpable, se envía un mensaje de impunidad que normaliza la violencia laboral en hospitales públicos. “Yo tengo que regresar en octubre al CAE. Ahí mismo sigue quien me violentó, y sigue encargada de aprobar la especialidad de los residentes. ¿Cómo voy a tener garantías?”, cuestionó. López insistió en que se siente en un precedente que deje claro que la violencia laboral contra personal médico no puede resolverse con terapias psicológicas ni sanciones mínimas, sino con la separación de los responsables.

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