Redacción Sie7eDíasNoticias
Coatzacoalcos, Ver. La gobernadora de Veracruz Rocío Nahle García, instruyó la reapertura inmediata de las válvulas de la presa Yuribia, que abastece de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, luego del más reciente cierre impulsado por habitantes de Tatahuicapan.
En un mensaje enfático desde el sur del estado, la mandataria estatal afirmó que “ya se acabó” la tolerancia frente al cierre unilateral del suministro, al considerar que se han violentado los derechos de miles de ciudadanos que dependen del acceso al agua potable.
Anunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) levantará un acta oficial por los hechos, además de sumarse a la denuncia presentada previamente por la retención de funcionarios en el mismo conflicto.
“El agua es un derecho humano. No se puede seguir permitiendo que intereses particulares pasen por encima de toda una población”, expresó Nahle.
La titular del Ejecutivo estatal detalló que, durante una visita previa a Tatahuicapan, se informó a la comunidad que la obra solicitada para mejorar el abasto local se tiene programada para 2026. En ese contexto, lamentó que nuevamente se haya recurrido al cierre del acueducto como medida de presión, pese al compromiso institucional de atender sus demandas.
Además, adelantó que se llevará a cabo una reunión entre el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, y representantes de los manifestantes este miércoles a las 2:00 de la tarde, con el objetivo de liberar la infraestructura hídrica y restablecer el servicio a la brevedad.
Nahle comparó la situación con la atención médica en hospitales públicos: “así como nadie puede decidir quién recibe salud, tampoco quién recibe agua”.
Aseguró que Veracruz no puede seguir siendo rehén de bloqueos, y advirtió que el gobierno actuará con firmeza y dentro del marco del Estado de derecho.
“Hemos sido condescendientes, pero eso ya no puede seguir. Esto se va a quedar asentado. Aquí hay diálogo, pero también gobernanza”, remató.
La presa Yuribia ha sido motivo de tensiones constantes entre autoridades estatales y comunidades serranas. El conflicto se agudiza cuando se interrumpe el suministro para cientos de miles de habitantes del sur, afectando servicios básicos en zonas urbanas.
