Xalapa, Veracruz. Un juez federal concedió la suspensión de plano en un juicio de amparo y ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) cesar de inmediato cualquier acto arbitrario en contra de una familia, entre ellos un niño de cinco años, tras denuncias de incomunicación y presunta tortura psicológica.
El Juzgado Decimoséptimo de Distrito resolvió en el juicio de amparo 564/2025 que las autoridades responsables deben abstenerse de realizar acciones que atenten contra la dignidad humana de los quejosos, al tiempo que advirtió que incumplir la medida podría configurarse como delito de abuso de autoridad, conforme lo establece la Ley de Amparo.
De acuerdo con el testimonio de la madre del menor, Wendy Rosas Rafael, el pasado 19 de junio su hija Samantha Guadalupe Francisco Rosas y sus suegros acudieron al penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, para visitar al padre del niño. Al salir, fueron detenidos por policías ministeriales sin explicación alguna.
La mujer señaló que durante 48 horas no tuvieron noticias de sus familiares ni del niño, quien fue trasladado a Xalapa por agentes de la UECS con los ojos vendados. “Fue algo traumático para mi hijo”, afirmó. Posteriormente, el menor fue entregado primero a su madre y luego canalizado al DIF Conecalli.
El juez también instruyó al actuario adscrito constatar las condiciones físicas de los involucrados durante la notificación de la resolución, con el fin de verificar su estado.
Por su parte, la abuela del menor presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y exigió justicia para el niño y el resto de la familia.
