La última jugada sobre la elección judicial en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) no fue obra de su autonomía, sino de la complicidad. La revocación de la constancia de mayoría a Jonathan Máximo Lozano Ordóñez como magistrado de la Sala Constitucional del Poder Judicial local es la jugada de quienes fracasaron en las urnas el pasado 1 de junio y ahora intentan, desde las instituciones, quedarse con lo que no supieron ganar en las urnas.
Porque sí, hay que recordarlo: en la jornada electoral para elegir magistraturas, el grupo afín a la gobernadora Rocío Nahle fue contundentemente derrotado. A pesar de los “acordeones” y las estrategias de línea, apenas 2 de las 16 candidaturas impulsadas por su grupo resultaron ganadoras.
La mayoría de los espacios fueron para perfiles vinculados al senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, rival incómodo al interior del movimiento. Entre ellos, dos nombres clave: Rosalba Hernández Hernández, próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y el propio Jonathan Máximo.
Ahora, con el respaldo del TEV, quienes fallaron como operadores políticos buscan resarcir el revés con recursos legales. Lo hacen con una narrativa conveniente: que existe un conflicto de interés porque Jonathan es esposo de la consejera del OPLE Fernanda Sánchez Rubio. Pero omiten, con toda intención, que ella se excusó debidamente de cada etapa del proceso en la que su participación habría sido improcedente.
El fallo judicial no sólo huele a revancha; huele a encargo. El argumento ya lo había sembrado la propia gobernadora Nahle en sus conferencias de los lunes. El TEV, al validarlo, no actúa como órgano autónomo, sino como instrumento útil para los que no supieron operar políticamente ni convencer al electorado.
Esta no es una lucha por la legalidad, es una cruzada por conservar parcelas de poder perdidas. Y el campo de batalla no es otro que el nuevo Poder Judicial que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, con magistrados y magistradas electos mediante voto ciudadano.
Pero la historia no cierra aquí. El caso será revisado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, si es necesario, por la Sala Superior. Ahí, los equilibrios suelen ser distintos y los precedentes importan más que las instrucciones en voz baja.
El mensaje es claro: quienes no ganaron en las urnas buscan ganar en los tribunales. Y lo hacen sin pudor, sin mesura y, ahora, sin tiempo. La pregunta no es si lograrán revertir el nombramiento de Jonathan Máximo. La pregunta es cuánto están dispuestos a romper con tal de impedir que el nuevo Poder Judicial les resulte verdaderamente incómodo.
