Xalapa, Veracruz. Juan Ricardo Ordóñez Jerez, ciudadano originario de Coatzacoalcos, denunció públicamente a funcionarios de Política Regional de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, a quienes acusa de amenazarlo y tratar de desacreditar su protesta, tras 45 días de plantón en la Plaza Sebastián Lerdo de Xalapa.
Ordóñez, de 54 años, asegura que los días 17 y 18 de julio fue abordado por personal de la Dirección de Política Regional y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes le ofrecieron un supuesto acuerdo para brindarle protección y ayudarlo a recuperar los terrenos que, según él, fueron adquiridos con pagos millonarios en 2022 y luego despojados con documentación falsificada.
Sin embargo, el manifestante afirma que nunca recibió un documento firmado que respaldara dicho compromiso, y en su lugar, los funcionarios le ofrecieron un boleto de autobús con destino pagado a Coatzacoalcos, sugiriéndole que abandonara la capital.
“Me dijeron que me fuera ese mismo viernes 18 de julio por la noche, pero yo pedí un acuerdo por escrito. Como no me lo dieron, no me fui”, relató.
Más grave aún, denunció que dichos funcionarios lo habrían amenazado con difundir una nota falsa a los medios en la que se aseguraría que padece el “síndrome de Estocolmo” y que no está en pleno uso de sus facultades mentales.
“Me dijeron que le van a decir eso a los médicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y lo van a publicar para hacerme quedar como loco. Por eso sigo aquí”, declaró este lunes 21 de julio.
Protesta sin respuesta
Ordóñez inició una huelga de hambre el pasado 9 de junio, la cual concluyó el 17 de julio sin recibir respuesta formal a sus demandas. Dos días después, el 20 de julio, la gobernadora Rocío Nahle García publicó en redes sociales que el ciudadano había sido atendido y regresado a su hogar, lo cual fue desmentido por él mismo al día siguiente.
“Esa publicación me pone en peligro, ahora cualquier persona puede provocar mi muerte para perjudicar a la gobernadora”, afirmó.
Este lunes, regresó a manifestarse en la Plaza Lerdo y advirtió que, si no obtiene una solución, volverá a encadenarse públicamente este miércoles.
Desde hace meses, exige justicia y protección, así como el reconocimiento de lo que considera una violación a sus derechos humanos por parte de la FGE, que no ha dado seguimiento a sus denuncias por fraude y amenazas de muerte, interpuestas en 2022.
