En el Poder Judicial de Veracruz, los cargos se renuevan, pero los hilos del poder se tensan. El inicio de la campaña electoral de jueces y magistrados no solo marcó una contienda inédita, también reveló el momento exacto en que Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre comenzó a perder el control de la presidencia del Tribunal que encabeza.
Lisbeth Aurelia Jiménez llegó al cargo con el respaldo de la administración Cuitlahuista que la persigue a pesar de los intentos por sacudirse su pasado. Pero a falta de liderazgo firme, eligió la ruta de las alianzas funcionales: primero, la deslealtad como vía de ascenso; hoy, la improvisación como método de supervivencia.
En medio del proceso electoral judicial —que en el discurso es ciudadano, pero en la práctica es controlado por pactos oscuros—, Lisbeth Aurelia ha optado por entregarse a la operación de Alfredo Corona Lizárraga, consejero de la Judicatura, denunciado por corrupción en su paso por el IVAI y reciclado como poder en la sombra.
Pero eso no es todo: fuentes internas confirman que la presidenta busca ahora el cobijo de Juan Javier Gómez Cazarín, el ex jefe del Congreso local y actual delegado de Bienestar, a espaldas de la propia gobernadora Rocío Nahle, a quien jura lealtad… al menos en público.
Dentro del Palacio de Gobierno ya se comenta lo que pocos se atreven a decir en voz alta: que Lisbeth será magistrada, pero difícilmente repetirá como presidenta del Poder Judicial. Una frase atribuida a la gobernadora resume con precisión el sentir en los pasillos: “Una cosa es querer… y otra es poder”.
En el afán de sostenerse, Lisbeth no gobierna: se sostiene de quienes la rodean, incluso de quienes la debilitan. Corona hace las listas, mueve las fichas, promueve a perfiles con pasados cuestionables —como René Sosa Enríquez—, y administra el vacío que dejó una presidencia sin fuerza propia. Lo que sigue es incierto, pero algo es claro: la toga no alcanza para cubrir las fracturas internas del Tribunal.
