Ciudad de México. Una red de corrupción que operó durante años en el sistema de compras gubernamentales de medicamentos fue revelada este miércoles por autoridades federales, lo que ha derivado en la inhabilitación de una empresa y la investigación de al menos otras 16 compañías farmacéuticas involucradas.
De acuerdo con información difundida por el gobierno federal, esta red habría falsificado documentación y utilizado mecanismos simulados para obtener contratos millonarios con diversas instituciones de salud pública, en un esquema que se extendió por varios años y que contribuyó a la escasez y encarecimiento de medicinas en el país.
La denuncia fue dada a conocer por autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), quienes señalaron que estas irregularidades no solo afectaron los procesos de licitación, sino también la calidad y disponibilidad de medicamentos en hospitales y centros de salud.
“Estamos frente a un entramado de intereses privados que operó con total impunidad durante mucho tiempo. Esta red no solo afectó las finanzas públicas, sino que puso en riesgo la salud de millones de personas”, declaró la secretaria Anticorrupción Raquel Buenrostro durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hasta el momento, una empresa ya fue inhabilitada por las autoridades, mientras continúan las indagatorias para determinar la responsabilidad administrativa y penal de otras 16 compañías. Además, se anunció que se reforzarán los mecanismos de vigilancia en las licitaciones, en un intento por garantizar la transparencia en el abasto de medicamentos.
El caso se da en un contexto sensible, en medio de la crisis de desabasto de fármacos que ha generado protestas sociales y exigencias de rendición de cuentas desde diversos sectores, incluidos pacientes oncológicos y organizaciones civiles.
La circular 08/2025 ordena a todas las dependencias y gobiernos estatales y municipales abstenerse de contratar con Biomics Lab México por 15 meses. Buenrostro subrayó que las investigaciones continúan y que podrían ampliarse las sanciones penales a otras empresas involucradas.
